El Ministerio Público se encuentra realizando una nueva investigación por presuntos hechos de corrupción al interior de la Municipalidad de San Ignacio. Como en el Caso Led, se están indagando presuntos delitos de cohecho y soborno en relación a un proceso de licitación.

La información fue confirmada por la Fiscalía Regional, desde donde señalaron que aún se trata de una investigación que no entra en la fase de formalizaciones. De igual forma, el alcalde de la comuna, Osiel Soto, precisó que hay un proceso pericial a cargo de la Contraloría General de la República con motivo de vislumbrar si existieron faltas administrativas que deban ser sancionadas, información dada a conocer por La Discusión.

A cargo del caso está la Fiscalía de Bulnes, la que indaga presuntos hechos ocurridos durante noviembre de 2020, oportunidad en que Félix Vásquez, empresario dueño de Dual Drill Chile SPA —empresa postulante a la licitación para la construcción de pozos para viviendas sociales en el sector Las Huertas—, habría sostenido una reunión con Felipe Navarrete Iturra, quien es hijo de la jefa de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de San Ignacio, Birna Iturra, acordando el pago de $7.500.000 por cada pozo ejecutado para así quedarse con la licitación.

Lo anterior fue confesado por el propio Navarrete, quien habría cancelado sólo dos de los cuatro pagos acordados. Sin embargo, una vez que las obras ya estaban en ejecución y ante la presión para que cancelara el resto del dinero, el empresario se autodenunció ante el alcalde Soto.

“Cuando supimos de esto, de inmediato hice la denuncia en el Ministerio Público y, por supuesto, ordené un sumario interno, pero se nos adelantó la Contraloría”, dijo el jefe comunal, quien agregó que “lamento mucho que estas situaciones, que son aisladas, empañen una gestión que por años se ha caracterizado por su transparencia, no sólo mía como alcalde, sino que de todo el equipo de personas que trabajan en esta municipalidad”.

Según señalan los antecedentes, el fiscal adjunto de Bulnes, Andrés Salgado, solicitó en enero al Juzgado de Garantía de Bulnes que se autorizara al alzamiento del secreto bancario para poder hacer un peritaje del flujo de depósitos y transacciones de dinero entre las cuentas de Félix Vásquez, Navarrete Iturra, y el de su madre, la jefa de Dideco.

Son precisamente los nombres de estas tres personas los que figuran como imputados en la causa caratulada como Cohecho y Soborno.

Mientras tanto, el dueño de Dual Drill Spa figura con cuentas en tres entidades bancarias, los otros dos investigados presentan cuatro cuentas en diferentes entidades.

También se pidió autorización para rastrear el flujo de llamadas telefónicas que se habría articulado entre los imputados para concertar el acuerdo ilícito.

Y aunque aún se está en un proceso de revisión de los primeros antecedentes, en la solicitud fiscal se lee que “conforme al mérito de la investigación llevada a cabo por esta Fiscalía, y delos antecedentes que a continuación serán expuestos, los cuales constituyen indicios coherentes, serios y concordantes que permiten deducir de forma natural que los imputados estarían utilizando productos bancarios de distinta naturaleza para ocultar o intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad reiterada y que se vincula al delito de cohecho”.

Por su parte, la jefa de Dideco se encuentra actualmente con licencia médica y recibiendo su sueldo de manera íntegra. “Esa es una situación que no está en mis manos resolver, no hasta que la Contraloría emita un veredicto, del que no me puedo adelantar. Tengo claro que para la gente siempre será el alcalde el responsable de todo lo malo que pase en su municipalidad y sólo puedo decir es que para estas cosas yo no doy segundas oportunidades, este tipo de actitudes no son las que quiero en mi municipalidad”, cerró el alcalde.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)