La Fiscalía pide una pena superior a los once años de cárcel por los delitos de incendio y desórdenes públicos en contra de Marcelo Mandujano Salas, uno de los cientos de detenidos por el estallido social. Su abogado pretende que sea reconocida su irreprochable conducta y la colaboración sustancial para que se reduzca la condena.
Un año se cumplió este jueves desde que el fuego arrasó por completo con las oficinas de la AFP Habitat, ubicadas en la esquina de Avenida Colón con calle Magallanes, en pleno centro de Punta Arenas, hecho ocurrido en el contexto de los desmanes aislados que se registraban por el estallido social.
A raíz de aquel siniestro, la Policía de Investigaciones detuvo en enero de este año al –hasta ahora- único autor del delito. Un estudiante de la Universidad de Magallanes que ha debido cargar con todo el peso de esta situación, aunque muchas otras personas participaron en el acto vandálico.
Por más de diez meses ha estado encarcelado Marcelo Ignacio Mandujano Salas, hasta que el pasado martes 13 de octubre comenzó el juicio en su contra, en el cual el fiscal Felipe Aguirre lo acusó por los delitos de incendio y desórdenes públicos.
A las 11:30 horas de este viernes, y tras casi 30 días de juicio, los magistrados del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dictaron su veredicto, declarando culpable a Mandujano por ambos delitos.
“Lo que sucedió acá es que hubo varios días de juicio, donde se presentó una variedad de prueba, incluso el mismo acusado reconoció su participación en estos delitos, y en ese sentido, más allá de las opiniones externas que se emitían sin conocimiento sobre lo que estaba pasando, hay que considerarla de esa forma, pero en cuanto a lo que se vio en el juicio, las pruebas fueron elocuentes y bastante claras”, sostuvo Aguirre.
“Este veredicto era previsible”
Por otra parte, el defensor Juan Carlos Rebolledo indicó que el resultado de este veredicto era previsible, sin embargo insistió en sus reproches hacia los medios probatorios que fueron presentados por el Ministerio Público, evidencia que calificó como ilegítima.
“Este veredicto para nosotros era previsible, entendíamos que el escenario era casi seguramente de condena, pero eso no nos puede quitar el derecho a discutir la valoración de la prueba aportada por la Fiscalía. Axiológicamente, desde el punto de vista valórico para la sociedad, no se puede condenar con pruebas mal contenidas, y acá tenemos de concreto una fotografía de un control de identidad que no sabemos de dónde salió, una declaración de un testigo sin nombre para perjudicar a la defensa, y una serie de videos que la señora encargada decía que venía Pedro, Juan y Diego y se llevaba en un pendrive lo que quería, sin cadena de custodia, sin orden, sin nada”, cuestionó el abogado.
En ese contexto, el fiscal Aguirre solicitó al Tribunal que se le imponga al estudiante de la Umag una pena que supera los once años de cárcel efectiva por ambos delitos.
“Esta es una pena que se pide como una prognosis en base a los antecedentes que se tienen, pero respecto a las circunstancias concretas que puedan alegarse, es una labor del Tribunal y no de la Fiscalía, el determinar la pena. Que se imponga un año más o un año menos, eso no tiene ninguna relevancia”, enfatizó el persecutor.
Asimismo, aseveró que la investigación para buscar otros involucrados en este hecho sigue adelante, y si es que se disponen de los antecedentes necesarios se realizarán las solicitudes que correspondan.
La discusión de las atenuantes
En tanto, la defensa pidió que a su representado se le reconozcan las atenuantes de irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.
“Esperamos obviamente que se acojan las dos atenuantes, que se condene con una rebaja de grado de la pena y que a un chiquillo propositivo, útil, bueno para esta sociedad se le permita cumplir la condena que se le pueda imponer a través de un sistema de libertad vigilada. Nosotros no estamos porque al que sea culpable se le deje sin castigo, pero queremos que el castigo sea proporcional, y desde esa perspectiva nuestra obligación es aceptar lo que está bien hecho y discutir lo que está mal hecho”, detalló el defensor.
Sin embargo, esta última atenuante fue cuestionada por la parte acusadora, indicando el fiscal que “al inicio del juicio se invocó una declaración que era en un sentido, pero durante el juicio, la defensa eliminó todo eso y comenzó a cuestionar todos los elementos, incluso hasta dónde había sido el incendio, los focos, y todo, y eso no es cooperación porque ésta tiene que mantenerse en la investigación y en el juicio, y la propia defensa, a pesar de que el acusado había demostrado esta situación, cambió y cuestionó todos los puntos”.
Policías “cheerleaders del fiscal”
Pese a lo anterior, la espina del defensor en este juicio fue la prueba testimonial de parte de los funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Carabineros, fundando sus críticas en supuesta falta de objetividad, contradicciones y correcciones entre los mismos deponentes en las declaraciones que fueron proporcionadas, tildándolos como “cheerleaders” (animadores) del ente persecutor.
“Los policías son verdaderos cheerleaders del fiscal y eso no puede ser. El policía no está para facilitar un error, una dificultad o una omisión de la Fiscalía, sino que debiese ser absolutamente objetivo. Las respuestas que son aisladas o fuera de contexto claramente obedecen a que ellos se comunican, hacen estos comentarios y lo van estableciendo en toda la investigación, por mucho que la Fiscalía diga lo contrario nunca salió el nombre de quién tomó la foto del control de identidad. En los juicios importantes o grandes son donde se ven y se producen las mayores falencias investigativas por parte del persecutor”, puntualizó.
De esta forma, se comienza a poner el punto final a este controversial caso judicial. La lectura de sentencia se conocerá a las 13:30 horas del próximo martes 1 de diciembre.
