Un verdadero drama es el que está viviendo esta familia, luego de que tomaran la decisión de poner en arriendo su vivienda, ubicada en calle Álvaro Casanova, en La Serena. Esto porque el arrendatario dejó de pagar de un día para otro, privándolos de este importante ingreso económico.
Un arrendatario debe 9 meses a una familia y mantiene una millonaria deuda de servicios básicos en La Serena, región de Coquimbo.
Casos como el de Mariela López, quien desde diciembre del año pasado no recibe el pago por su vivienda ubicada en el sector de San Joaquín, no deberían repetirse si se aprueba el proyecto de ley de “arrendatarios rebeldes”.
Según relató López, el sujeto que hoy ocupa su casa, donde tiene instalada una empresa de asesorías, dejó de pagar en el mes de diciembre los 550 mil pesos mensuales, dinero que utilizaba para mantener el lugar donde vive en la actualidad y cancelar parte del dividendo de la propiedad en conflicto.
“Esta persona no quiere salir, se está aprovechando de un vacío legal. Arrendó hace un año y medio la casa y le pidió a un amigo suyo que firmara el contrato, desgraciadamente este amigo murió hace dos meses y él sigue ocupando la casa”, señaló la afectada.
Millonaria deuda
López indicó que al no pago del arriendo se debe sumar una millonaria deuda por concepto de servicios básicos.
“Debe el agua y la luz, como estamos en pandemia no se pueden cortar los suministros básicos, así que aumenta la deuda todos los días. Estamos llevando todo por la vía legal, pero no le ha abierto la puerta a la receptora judicial y se esconde en reiteradas ocasiones. Nosotros intentamos hablar con él, pero se hace el desentendido y no contesta llamadas”, afirmó.
Además, el sujeto subarrienda una pieza de la casa a otra persona. “Nos tiene reventados económicamente como familia, estamos desesperados con todo esto (…) he tenido que pedir plata para pagar el arriendo del departamento donde estamos ahora. Lamentablemente, no podemos desalojarlo hasta que tengamos la orden de la jueza y una vez que se vaya nos va a dejar con las deudas de agua y luz”, aseveró López.
Diario El Día intentó conocer la versión del aludido llamando al contacto que aparece en la página web de su empresa y que tiene como dirección la casa de López, pero la persona que contestó afirmó no ser el arrendatario.
Ley de Arrendatarios Rebeldes
Lamentablemente son cientos los casos como el de Mariela López que se repiten en la región y que deben esperar años para tener una solución.
Es por esto que en el parlamento se encuentran discutiendo el proyecto de ley “arrendatarios rebeldes”, que busca agilizar los procedimientos judiciales y se puedan restituir los inmuebles a sus dueños en caso de que registren morosidad sostenida o daños.
La iniciativa establece que en caso de que se cumplan las condiciones, el deudor tendría solamente 10 días para llevar a cabo los correspondientes pagos. En caso contrario, se decretaría el desalojo de la propiedad por parte de la justicia.
Al respecto, el diputado Matías Walker, coautor del proyecto, explicó que la iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado y que fue aprobado hace meses por la Cámara de Diputados.
“Este proyecto establece por primera vez dentro de las medidas precautorias que se puede solicitar, con solo la recepción de la demanda, que se ordene restituir el inmueble con antecedentes fundados. Ya sea por el no pago de la renta de arriendo o el daño que se producen en el inmueble. Esta es la gran novedad de la actual ley, que antes de discutir el fondo del juicio se pueda pedir la restitución”, comentó.
Walker indicó que como se está hablando de materia civil, apenas se apruebe esta ley se puede incluir a los actuales arrendadores que tienen conflictos.
En la actualidad, cada vez que el dueño inicia un procedimiento judicial partiría de la base que se le adeuda el pago de tres o cuatro meses. Sumado al tiempo que tarda la operación, da como resultado que recién en 12 meses tiene la devolución de la propiedad.
En este sentido, el proyecto propone modificar la regulación contemplada en el Código de Procedimiento Civil, con el fin de incorporar esta nueva medida precautoria: la restitución anticipada de un inmueble, sin previo desahucio; y la incorporación de un artículo que contiene hipótesis especiales de procedencia de la nueva medida precautoria.
Aumento de casos
El abogado Ángel Valdivia explicó que es una legislación necesaria para poder dar solución a un tema que se vuelve cada día más frecuente.
“En el último tiempo con la pandemia han aumentado los casos de arrendatarios que dejaron de pagar, y sobre todo que no se les puede cortar los servicios básicos que era una de las medidas de presión que se utilizaba en algunos casos para que dejaran la vivienda”, sostuvo.
El profesional agregó que lo más recomendable es que se firme un contrato ante notario, porque en este documento quedan claras las condiciones, el tiempo de duración, el monto que se deberá pagar mensualmente y cómo se realizarán los reajustes, entre otros puntos.
Valdivia aseguró que con solo atrasarse un mes se concreta el incumplimiento del contrato, pero que la mayoría de las personas espera dos o tres meses para recién tomar acciones legales, ya que tienen la esperanza y confían en los dichos de su deudor que se pondrá al día a la brevedad.
“En caso de que el arrendatario sea demandado por esta causal, el arrendador deberá presentar pruebas y testigos para confirmar el incumplimiento. Si el arrendatario no cumple voluntariamente, el juez puede ordenar el desalojo con apoyo de la fuerza pública y el tiempo de este plazo es relativo”, aseveró el profesional.
Se estima que cerca de 60 mil familias dueñas de uno o más inmuebles se ven afectadas económicamente por estos tipos de arrendatarios.
