Durante la jornada de este martes se dio a conocer un informe de la Contraloría General de la República sobre una auditoria realizada a la Intendencia Regional de Aysén relacionada a la compra y distribución de cajas de alimentos en el marco de la pandemia por covid-19.

Se trata de un examen a la gestiones realizadas por la intendencia de dicha región en el marco de la segunda etapa del programa “Alimentos para Chile” y que tuvo lugar durante 2020.

Según el informe, se corroboró que “la Intendencia de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo procedió a efectuar la compra de 7.920 unidades de canastas de alimentos, mediante la modalidad de trato directo al proveedor Sociedad de Servicios de Alimentación S.A., por un monto de $ 430.056.000 (…) sin que a la fecha de emisión del oficio N° E35486, de 11 de septiembre 2020, que comunicaba los resultados preliminares, hubiese sido recepcionado por esta Sede Regional, el acto administrativo correspondiente para su control de legalidad, no obstante la distribución de los bienes y servicios ya se encontraba finalizado”.

Además, la Contraloría constató la existencia de “926 beneficiarios que recibieron la canasta de mercaderías, quienes -según el análisis realizado- se encuentran en los tramos de calificación socioeconómica del 80% al 100%, los cuales corresponden a la población de mayores ingresos y menor vulnerabilidad”.

De igual forma, se constató la existencia de “133 personas que presentan vínculos laborales con la Administración del Estado de los cuales 3 de ellos se encontraban dentro de uno de los tramos antes aludidos, respecto de las cuales, la entidad pública no acreditó el cumplimiento de los requisitos establecidos para la recepción del anotado beneficio”.

Fallecidos

Una de las partes más relevantes del informe es la que detalla que 22 personas a la fecha de recibir la canasta se encontraban fallecidas.

“Se verificó que un total de 22 personas recibieron canastas de alimentos, en condiciones que, a la fecha de su entrega conforme a los datos consignados en la plataforma informática habilitada al efecto por parte de la Intendencia Aysén, estos se encontraban fallecidos, de acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Asimismo, respecto de 11 de ellos no se proporcionó el acta de entrega”, indica el documento.

Por otra parte, la entidad contralora constató 33 beneficiarios que recibieron la canasta en dos ocasiones, incumpliendo la normativa vigente.

Además, en siete casos los RUT de los beneficiarios —indicados en la plataforma dispuesta para dichos fines por parte de la Intendencia de Aysén— se encontraban incorrectos.

Revisa el informe completo aquí:

Tras darse a conocer dicho informe, la Intendencia de Aysén emitió un comunicado donde señalaron que la “información “será investigada y remitidos todos los antecedentes a dicho organismo, por cuanto la entrega del beneficio de canasta de alimentos se realizaba mediante la verificación de la identidad del usuario a través de su cédula“.

“Es importante aclarar que cada canasta de alimentos era entregada con un acta de recepción conforme, la que debía ser firmada por el beneficiario. Este instrumento permitirá aclarar las inquietudes manifestadas por Contraloría”, manifiesta la misiva.

Finalmente, indicaron que “seremos los primeros en denunciar eventuales irregularidades si así se corrobora que existen. Además de realizar las acciones penales que correspondan”.