Parlamentarios de Aysén afirmaron que el centro universitario estatal actualmente presenta descuidos estructurales que están poniendo en riesgo la continuidad de este proyecto académico.

Ante la crisis económica que enfrenta la Universidad de Aysén, parlamentarios de la región afirmaron que el centro de estudios está en condiciones deplorables, y requiere urgente un plan de recuperación que dé garantías a sus estudiantes.

Las Universidades de Aysén, Austral y Bolivariana, actualmente mantienen procesos indagatorios con la Superintendencia de Educación Superior por su deficiente gestión estratégica y grandes déficits financieros.

Parlamentarios de Aysén afirmaron que el centro universitario estatal actualmente presenta descuidos estructurales que están poniendo en riesgo la continuidad de este proyecto académico.

En los estados financieros para diciembre de 2021, la institución reflejó déficits de 415 millones de pesos.

Ante la situación, cinco parlamentarios de Aysén se reunieron con la subsecretaría de Educación Superior para solicitar una indagación por supuestas irregularidades en materia financiera y administrativa.

Al respecto, el senador UDI, David Sandoval, que participó en el encuentro, señaló que el establecimiento ha tenido fallas sustantivas en todos los aspectos estructurales.

A su vez, el Ministerio Público inició una investigación por posibles vínculos de la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino, con Democracia Viva, al colaborar en conjunto en una escuela de verano y además porque fue invitada a participar del Consejo Asesor de la fundación.

El diputado Demócrata de la región, Miguel Ángel Calisto, afirmó que el Gobierno debe tomar cartas en este asunto e intervenir el plantel universitario. Mientras que la senadora independiente, Ximena Órdenes, indicó que se requiere urgentemente un plan de recuperación.

Además de la situación de la Universidad de Aysén, la Superintendencia de Educación Superior, mantiene otros procesos formales de investigación por déficit financieros, en donde destacan, por la magnitud de los montos, las universidades Austral y la Bolivariana.

La primera, solo en 2022, acumuló pérdidas por 17 mil millones, mientras que la Universidad Bolivariana tuvo pérdidas netas de $254 millones a junio de 2022.

Desde la SES señalaron que las tres instituciones presentan una gestión estratégica deficiente y falta en la eficiencia de sus recursos.

En ese sentido, el superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, afirmó en La Tercera que espera que con las investigaciones se puedan abordar los problemas para evitar cualquier riesgo que amenace el derecho a la educación de los estudiantes.