En el Registro Nacional de Prófugos, gestionado por el Ministerio de Justicia, hoy hay 31.558. De ellos, 1.665 escaparon tras recibir una condena. "Desde el punto de vista de seguridad pública los focos debiesen estar en ese número", dijo el ministro Luis Cordero.
Este miércoles el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a los números del Registro Nacional de Prófugos gestionado por su cartera y apuntó a que se debería poner especial atención en la porción de personas que escaparon tras recibir una condena (1.665 de 31.558).
De acuerdo a LUN, el registro tiene 31.558 personas, 27.969 de ellas por “rebeldía procesal” (no haber ido a audiencias), 1.665 condenados que no han entrado a la cárcel (con paradero desconocido tras dictarse el veredicto) y 1.104 por no pago de pensión alimenticia.
El resto de la lista la completan personas a las cuales se les revocó la libertad vigilada o su salida alternativa, a los que se les quitó la libertad condicional por no cumplir requisitos, condenados fugados de la cárcel y los fugados mientras cumplían la medida cautelar de prisión preventiva.
“Hay que tener cuidado con esa cifra (el total)”, dijo el ministro consultado por la prensa esta mañana.
“Lo que existe es un registro que se implementa legalmente a partir de 2012 y se contemplan a todas esas personas que tienen ordenes de detención pendiente por algún motivo”, sostuvo.
“El número más significativo de ellas, 28 mil, son en verdad personas que tienen ordenes por lo que se denomina ‘rebeldía procesal’, que no comparecieron a alguna audiencia y, por lo tanto, el tribunal ordenó su detención”, agregó.
Así, Cordero apuntó específicamente a los 1.665 “condenados que no se han presentado a cumplir condena y otras tantas vinculadas a quebrantamiento de condena, de medidas cautelares, como la prisión preventiva; o incumplimiento de aquellas obligaciones de su libertad”.
“Esto lo digo porque, desde el punto de vista de la seguridad pública el número que debiéramos atender son esos 1.600. Digo esto para no confundir ese número de 30 mil, que pareciera que son personas que han incumplido algún tipo de condición”, complementó.
“Cuando usted suma a aquellos que están sin ingresar a recintos penitenciarios, los fugados de cárceles, incumplido libertad condicional, aproximadamente podemos llegar a ese número. Desde el punto de vista de seguridad pública los focos debiesen estar en ese número”, zanjó.
¿Cómo fortalecer el Registro Nacional de Prófugos?
Cordero también confirmó que entre 2021 a lo que va de 2023 en Chile se han fugado 32 personas desde el interior de cárceles o en traslado. De ellas ya se ha capturado a ocho.
No obstante, también ratificó que todo lo que ocurra afuera de los recintos penales no está en manos de Gendarmería, sino que recae, y genera, en una red de coordinación a cargo de las policías.
“¿En qué debiéramos avanzar? Buscar mecanismos de integración, que no dependen de Gendarmería, sino del sistema de orden público e investigación, las policías”, concluyó.
Eso, dijo, se podría resolver con depurar la información y generar “acciones de coordinación” entre la PDI, Carabineros y la Fiscalía.
Aunque descartó que haya problemas de coordinación actualmente, Cordero remarcó que el registro apoya aquello y que se debería avanzar en “focos más específicos, en esas personas”.
“Pero eso es una decisión policial, en lo que el ministerio va a colaborar”, cerró.
