"Persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos", sostiene en su informe anual la organización internacional Human Rights Watch (HRW), Además, calificaron como "obstáculos innecesarios" las condiciones existentes para el aborto en el país, haciendo énfasis en los derechos sexuales y reproductivos tanto de mujeres como de niñas.
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) expresó este jueves su preocupación sobre retraso en la reforma de los cuerpos policiales en Chile. Asimismo, alertó de la necesidad de seguir avanzando en desafíos como los derechos sexuales de mujeres y niñas, así como para migrantes, refugiados, niños y niñas, pueblos indígenas y personas LGBTI.
En su informe anual, la organización de defensa de los derechos humanos constata que “las autoridades han dado los primeros pasos para reformar a la Policía Nacional”, es decir, Carabineros.
Sin embargo, advierte que “aún deben implementar cambios fundamentales en el sistema disciplinario y en los protocolos”.
“Persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos”, añade el informe. Ante ello, recuerda que la reforma policial surge de las denuncias por “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y malos tratos a detenidos”.
Lo anterior, durante las protestas del llamado estallido social de 2019, la mayor ola de manifestaciones de la democracia en el país.
HRW por derechos de mujeres y niñas: “obstáculos innecesarios”
Adicionalmente, el documento también se refiere a la situación de mujeres y niñas, con enfoque especial en los derechos sexuales y reproductivos. En particular, a la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres supuestos básicos.
Cabe recordar que fue en 2017 cuando se aprobó el aborto por las tres causales: inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación.
“Los centros de salud imponen obstáculos innecesarios, que incluyen interpretaciones restrictivas y discrecionales de las excepciones a la prohibición del aborto“, apunta el texto.
Según la ONG, alrededor del 50% de los obstetras del sistema de salud pública se registraron como objetores de conciencia y “se rehúsan” a realizar abortos en casos de violación sexual.
“Las clínicas y los hospitales privados también pueden registrarse como objetores de conciencia”, añade HRW. Al respecto, recalca que el texto rechazado de la nueva Constitución establecía el deber del Estado de garantizar el acceso al aborto.
