Comisión investigadora de la Cámara entregó informe a La Moneda sobre crimen organizado en el país, denunciando un "desplazamiento humano en la llamada Macrozona Sur, debido al terrorismo; como también el incremento de los delitos más graves".

Parlamentarios de la comisión investigadora del crimen organizado llegaron hasta el Palacio de La Moneda, para entregar el informe que fue elaborado luego de 4 meses de trabajo, y que constató “hechos gravísimos para el país, como el desplazamiento humano en la llamada Macrozona Sur, debido al terrorismo; como también el incremento de los delitos más graves”.

La diputada y presidenta del comité, la ex DC Joanna Pérez, solicitó una serie de medidas para que sean anexadas a la estrategia que el Gobierno está preparando, entre ellas aumentar la dotación de fiscales, acabar con los permisos penitenciarios al borde del marco legal, abandonar el término “violencia rural” y conceptualizarlo como “terrorismo en La Araucanía”, y aumentar las expulsiones de migrantes indocumentados que hayan delinquido.

La diputada de la UDI, Flor Waisse, manifestó voluntad para apoyar distintos proyectos del Gobierno, como la propuesta que moderniza el sistema de inteligencia o la que mejora la persecución del crimen organizado.

La legisladora manifestó su preocupación por lo que ocurre en el norte y el sur del país.

El diputado independiente de la bancada del PPD, Jaime Araya, aseguró que es necesario retomar las reuniones de la mesa de seguridad, de las que la derecha se marginó, para manifestar su molestia por el otorgamiento de indultos.

La mesa de seguridad que impulsa el Gobierno no se reúne hace semanas. Sin embargo, este lunes el senador RN, Manuel José Ossandon, llegó hasta el despacho de la ministra del Interior, Carolina Tohá, para entregarle un documento con “mínimos exigibles”.

El parlamentario manifestó -después de la cita- que no existe intención, al menos por parte de los senadores de Renovación Nacional, de bajarse de las conversaciones que por ahora, están pausadas.