La Comisión Ciudadana de Vigilancia, encargada del monitoreo de la Ley Ricarte Soto, entregó un informe cuyo contenido revela un déficit presupuestario para la cobertura de tratamientos, medicamentos y tecnologías para 2028.
La Comisión Ciudadana de Vigilancia, encargada del monitoreo de la Ley Ricarte Soto, entregó un informe cuyo contenido revela un déficit presupuestario para la cobertura de tratamientos, medicamentos y tecnologías para 2028.
La Ley Ricarte Soto entró en vigencia en 2015 y permitió la cobertura de determinadas enfermedades de alto costo sin posibilidad de otras fuentes de financiamiento.
Una de las posibles causas de aquel déficit presupuestario sería el aumento de las enfermedades cubiertas desde la entrada en vigencia de la ley hasta la actualidad, pasando de 11 a 27 en menos de 7 años.
Sumado a eso, se registró un aumento en la cantidad de pacientes beneficiados con la norma y, además, un alza en los costos asociados a las nuevas tecnologías y tratamientos.
Desembolsos alcanzarían cifra de ingresos
En ese sentido, la Dirección de Presupuesto reveló el quiebre de la denominada “regla de sostenibilidad” pues, en 2027, los desembolsos alcanzarían la cifra de ingresos.
En cifras, los gastos proyectados para 2023 excederían los 140 mil millones frente a los 270 mil de ingresos. De ese mismo modo, en 2027, los gastos bordearían los 170 mil millones de pesos mientras que los ingresos alcanzarían los 180 mil.
Las eventuales soluciones
La Comisión Ciudadana de Vigilancia anunció posibles escenarios para abordar de manera adecuada ese déficit económico.
En primer lugar, se propone aumentar el presupuesto destinado al financiamiento de la Ley. Lo anterior, a pesar de la compleja situación económica del país.
En segundo lugar, se baraja la posibilidad de traspasar algunas coberturas pertenecientes a la Ley Ricarte Soto al Plan Auge. Ese plan, también denominado GES, cuenta con 87 patologías cubiertas.
La exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, se mostró a favor de esa última alternativa, señalando la necesidad de aumentar la cobertura de tratamientos y mantenerlos en el tiempo.
“Se plantean una serie de medidas. Una de ellas es que varias de las tecnologías que hoy día están en la Ley Ricarte Soto se puedan incorporar al GES, y probablemente esa será la vía a través de la cual se pueda, no solo aumentar la cobertura de los tratamientos, sino que también esos tratamientos se mantengan en el tiempo“, señaló.
Por otro lado, el integrante de la Comisión redactora del informe, Bernardino Fuentes, descartó que las personas beneficiadas con la Ley Ricarte Soto pierdan su derecho.
“En relación a que algunos tratamientos o tecnologías sean retiradas o no tengan cobertura, eso, a mí entender, no es posible porque están protegidas por la ley como un derecho adquirido. En ese sentido, las personas que ya son beneficiadas con la Ley Ricarte Soto, no pierden su derecho”, explicó.
El informe en cuestión será presentado ante el Ministerio de Hacienda durante la jornada del 13 de enero. Así, esa cartera deberá buscar el mecanismo adecuado para evitar una futura falta de tratamientos para los pacientes.
