Esta semana comenzará a sesionar la Comisión Revisora que analizará la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, con la citación al Fiscal Nacional, Jorge Abbott. En la oposición debaten sobre la necesidad de que el mandatario asista al Congreso, mientras que las pocas voces del oficialismo que hablan del tema, piden que el Congreso "recapacite".
Este martes a las 11:00 horas comenzará a sesionar de manera presencial y telemática, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.
La instancia tiene un listado de más de 40 invitados, y aunque hay reconocimiento de que probablemente no alcanzarán a recibir a todos, hay un consenso sobre los nombres prioritarios que visitarán la instancia esta semana, en seis sesiones a lo largo de tres días.
Los periodistas involucrados en el marco de la investigación de los Pandora Papers, abogados redactores de la acusación, la presencia de diputados firmantes, y la citación al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, concitan la mayor atención y serán los primeros en llegar a la instancia.
La diputada del Partido Socialista, Maya Fernández, que preside la instancia, se refirió al listado de visitas, y señaló que ya se encuentran oficialmente a la espera de la respuesta del mandatario.
Como indica la Constitución, el Congreso tenía tres días hábiles -sin contar domingos ni festivos- para notificar al Presidente de la República, lo que ya hizo este fin de semana.
El mandatario sigue teniendo varios caminos: Puede asistir a la comisión, enviar una respuesta por escrito, enviar un representante, o derechamente, no defenderse.
En esto no hay mucho misterio, en el Gobierno ven como un hecho que se hará una defensa, y que estará a cargo del mismo abogado que defendió al ministro de Educación, Raúl Figueroa, en la acusación de julio, Jorge Gálvez.
Un tema “electoral”
Los diputados impulsores de la iniciativa, Marcelo Díaz y Jaime Naranjo, analizaron la decisión del mandatario con conclusiones dispares.
En el oficialismo sigue siendo un tema del que no quieren hablar mucho. Es sabido que hay legisladores que han reconocido “apertura” a revisar el libelo, y fuentes de La Radio indican que al menos dos de ellos, están pensando en votar a favor de la acusación.
Sin embargo, esa incomodidad no significa que el consenso no sea otro que no querer ayudar a la oposición en el libelo, ni a sus chances electorales, y mantener que todo tiene como base el fin electoral.
Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional, llamó al Congreso Nacional a que “recapacite”, aunque dijo que tiene pocas esperanzas de que se evalúe de manera justa.
El proyecto Imán
En medio del inicio del trabajo de la Comisión Revisora, un nuevo caso de posible conflicto de interés que afecta a la familia presidencial, se dio a conocer durante el fin de semana.
Se trató de una investigación sobre el llamado ‘Proyecto Imán’, publicada por el portal de Ciper: Hace 11 años, la familia Piñera Morel, comenzó negociaciones con Arnaldo del Campo, representante de Sebastián Piñera en el directorio de la Empresa Nacional de Minería (Enami), para comprar por 13 millones de dólares, el proyecto minero Imán.
El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, pidió que se conforme una Comisión Investigadora por la compra de Imán, y un posible conflicto interés del mandatario, reconociendo que no podrá ser ingresado formalmente a la acusación.
Parlamentarios oficialistas reconocen internamente que hay un distanciamiento entre el bloque y el Presidente, considerando que muchos de ellos buscan la re-elección, y que la visión de la ciudadanía es crítica del mandatario.
De hecho, este fin de semana, se conocieron los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano, que plantearon que siete de cada 10 chilenos apoyan el libelo acusatorio contra el mandatario, lo que llevado a porcentajes, representa alrededor del 68%.
El plazo límite para que el mandatario pueda contestar la acusación es el día jueves 28 de octubre, y aunque se le pueda propinar una doble derrota en la sala, hasta el momento se espera que invoque la llamada “cuestión previa” y cuestione las bases del texto acusador.
