A dos años del denominado estallido social, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, aseguró que hay abandono y desprotección del Estado a los menores que fueron víctima de violaciones a los derechos humanos e informó de 1.314 Niños, Niñas y Adolescentes en esta situación. Aseguró también que hay 0% de avance en materia de reparación. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara hubo diferentes reacciones ante los dichos de Muñoz.

La mañana de este lunes, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz -en el marco del aniversario del denominado estallido social- presentó el informe Verdad, Justicia y Reparación, que detalla el estado de avance de las recomendaciones que hizo la Defensoría en materia de Derechos Humanos, posterior a octubre de 2019 y acusa 0% de avance en reparaciones por actuaciones contra menores.

El documento da cuenta de un total de 1.314 Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que fueron víctimas de delitos que involucran violaciones a sus derechos humanos. Estos, entre el 18 de octubre de 2019 y el 5 de marzo de 2020.

La Defensoría denunció que hay un mínimo estado de avance y recomendó la urgente creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación.

Muñoz aseguró que solo el 1,3% de las causas terminadas tuvo una salida judicial. También dijo que, de acuerdo al informe, hay 0% de avance en materia de reparación.

Además, fue clara en decir que de parte del Estado hay una evidente respuesta de desprotección y abandono.

Por otro lado, de acuerdo al informe de la entidad, hay un 33% de avance en el acceso a la información. Lo mismo en los cambios del actuar policial, en los procedimientos de detenciones y el acceso a verdad y justicia.

Comisión de DDHH

Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi coincidió con la Defensora y aseguró que el gobierno tiene el deber de responder.

A diferencia de Miguel Crispi, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis fue más crítico e hizo un llamado a la Defensora para que trabaje de manera conjunta con el Congreso.

La principal recomendación que realizó la Defensoría fue la creación de una Comisión de Verdad que tome en consideración las propuestas. Además, que permita esclarecer las situaciones de violación a los Derechos Humanos que ocurridas en el contexto de la crisis social.