Con la presentación del presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz, y la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, comenzaron las intervenciones en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.
Díaz señaló que son variadas las denuncias de municipios de todo el país, sobre falta de recursos para cumplir con los protocolos sanitarios que permitan un retorno seguro a clases presenciales.
El presidente del magisterio dijo que han terminado enfrentados con el secretario de Estado por ‘defender la salud y la vida’, y que el Ministerio de Educación no tiene dentro de sus prioridades la integridad física y psíquica de las comunidades educativas.
Desde el punto de vista técnico, el abogado constitucionalista de la Universidad de Chile, Jorge Barrera, calificó como ‘débil’ la acusación, señalando que es ‘inentendible’ la cantidad de falencias que tiene el documento.
Barrera dijo -en relación con las posibles infracciones a la Constitución del secretario de Estado- que los acusantes parecen tener ‘un mal entendimiento’ de cómo funciona el derecho a la educación.
El diputado d la UDI, Guillermo Ramírez, cuestionó que el Colegio de Profesoras y Profesores diga que los colegios deben abrir con clases presenciales sólo en comunas en fase 4, y defendió al Gobierno señalando que el retorno ha sido ‘voluntario y seguro’.
El ministro de Educación tiene hasta el 4 de agosto para asistir, o enviar un escrito con su defensa a la acusación. Desde ese día, la comisión revisora sesionará hasta el día 10 de agosto, para elaborar el informe y votar -sin presencia de invitados- la postura sobre el libelo acusatorio.
Se proyecta que en la sesión del jueves 12 de agosto, la acusación sea votada en sala.
Este miércoles, el comité que revisa el libelo escuchará a representantes de la Unicef, abogados constitucionalistas, y organizaciones de apoderados y apoderadas que están a favor y en contra, de las clases presenciales.
