Un total de 529.357 imputados han ingresado al sistema de justicia penal por cometer delitos contra la salud pública durante el año 2020 y 2021 y, de éstos, 318.922 ya obtuvieron sentencia condenatoria, es decir, el 60% fue condenado por los tribunales de justicia como respuesta a la política de la Fiscalía de perseguir y ejercer la acción penal en contra de quienes infringen las normas sanitarias durante el estado de emergencia por la pandemia de covid-19.
A la fecha, un total de 446.386 imputados ha sido formalizado o requerido en juicio simplificado y/o monitorio, cifra que forma parte de la postura institucional y, particularmente, de los criterios de actuación impartidos por el discal nacional, Jorge Abbott, de focalizar la persecución penal principalmente en reincidentes, empleadores y organizadores de fiestas o eventos prohibidos.
Principales criterios de persecución
Desde mediados de 2020 el criterio impartido en el Ministerio Público se ha focalizado en tres aspectos: en empleadores que obligan a sus trabajadores a concurrir presencialmente o bien falsifican permisos colectivos; en organizadores de fiestas o eventos prohibidos durante el estado de emergencia, y en quienes infringen las medidas en más de dos ocasiones.
En el caso de los trabajadores coaccionados por el empleador, el Ministerio Público ha reiterado que no los perseguirá porque entiende que éstos no tienen alternativas ante la imposición de sus jefaturas. La Fiscalía señala que tampoco serán investigadas las personas que se vean forzadas a vulnerar las restricciones de movilidad para generar ingresos o buscar algún tipo de sustento, que de otro modo no podrían obtener.
Respecto de los organizadores de fiestas, reuniones u eventos prohibidos, y quienes asisten a ellos, la Fiscalía ha instado a su persecución porque considera que éstos son potenciales vectores de contagio, lo que constituye, a juicio del Ministerio Público, una conducta claramente delictiva.
