Las reacciones no se hicieron esperar luego que el pleno del Tribunal Constitucional acogiera el requerimiento del Presidente Sebastián Piñera y declarara inconstitucional la reforma presentada por diputados de Oposición para el segundo retiro de los fondos de pensiones.
El mandatario acudió al tribunal para frenar el proyecto parlamentario y presentar una iniciativa propia que prosperó en el Congreso y que actualmente se está pagando a los afiliados de las AFPs.
El fallo generó reacciones inmediatas en la Oposición, donde apuntaron a motivaciones políticas para favorecer al Gobierno y que el TC pretende convertirse en una tercera cámara.
Esto, porque la presidenta de la instancia María Luisa Brahm —quien fue asesora del segundo piso de La Moneda en el primer gobierno de Sebastián Piñera— fue quien zanjó la disputa entre el Gobierno y el Congreso.
Así lo manifestaron desde el Partido Comunista al indicar que la resolución pone en “entredicho la facultad legisladora del Parlamento, dejando a la Cámara y al Senado a merced de una decisión antojadiza del Ejecutivo de poner freno a iniciativas que vayan en directa ayuda de los chilenos y chilenas”.
La bancada del partido reforzó que el TC “adquiere el rol de una tercera Cámara, con una clara motivación política más que de fondo”, argumentando lo anterior por “la cercanía de la jueza María Luisa Brahm con el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, quien además se desempeñó como asesora en su primer mandato, era de esperar que se inhabilitara para votar, esto, como una señal hacia la ciudadanía quien merece que el voto en temáticas tan sensibles e importantes sea totalmente libre de presiones y basados en el mérito y no en otros aspectos”.
De igual forma, aseguraron que “no nos dejaremos intimidar y continuaremos adelante hasta que el proyecto del Impuesto a los Súper Ricos sea una ley, no importando que con esto se incomode a la elite y a un grupo reducido de multimillonarios a quienes esta crisis no ha tocado”.
Cuestionamientos a los que también se sumó la abogada del Partido Comunes y del Frente Amplio, Javiera Toro, quien afirmó que “con esta decisión el Tribunal Constitucional ha llegado al absurdo de decir que hay reformas constitucionales que son inconstitucionales, fortaleciendo más aún las facultades presidenciales y cercenando al Congreso de las pocas facultades que tiene para responder a la crisis social”.
A su juicio, con esta decisión se “está fortaleciendo aún más el presidencialismo exacerbado que tenemos y haciendo más inflexible el sistema político para responder a las crisis sociales. Es sin duda, una de las cosas que tendremos que discutir en el próximo proceso constituyente”.
Respuesta del Gobierno
A través de un comunicado, el Gobierno valoró el fallo, destacando que “sienta un importante precedente y significa un sólido resguardo de la vigencia de nuestra institucionalidad y Estado de Derecho”.
Explican que la decisión ratifica que “el proyecto impugnado no se ajustaba a nuestro ordenamiento constitucional, puesto que utilizaba disposiciones transitorias para establecer un régimen paralelo a la Constitución, sin modificar su texto permanente”.
De igual forma, “creaba una nueva regla que atentaba directamente contra el derecho a la seguridad social y contra la iniciativa exclusiva del Presidente de la Republica, al establecer normas de seguridad social, incorporar gastos adicionales al Estado y generar una exención tributaria”.
Para finalizar, insisten en la necesidad de aprobar “cuanto antes el proyecto de Reforma Previsional enviado por esta administración, que ya fue aprobado hace más de 1 año por la Cámara de Diputados, y que permite mejorar en forma sustantiva las pensiones de todas las chilenas y chilenos, y muy especialmente las pensiones de las mujeres y la clase media”.