El Ministerio de Relaciones Exteriores envió la tarde de este viernes un documento a los embajadores de Chile en el extranjero buscando alinear los discursos de cara al aniversario del 18-0 y al Plebiscito Nacional.
“A un año del 18-0: El camino democrático e institucional de Chile”, lleva por nombre el documento donde se asegura que, a la fecha, nuestro país “ha recuperado su normalidad”.
No obstante, también indican que se “deberá seguir trabajando para controlar, con estricto apego a la ley, a grupos violentistas”.
En esta especie de resumen, el canciller resalta la salida política que tuvo el estallido social.
“El estallido evolucionó hacia una crisis política, que se encauzó a través de un acuerdo, a requerimiento del presidente de la República, Sebastián Piñera, alcanzado por todas las fuerzas políticas -con la sola excepción del Partido Comunista- para convocar a un plebiscito y redactar una nueva Constitución”, destaca también la Cancillería.
Faltando dos días para la conmemoración del estallido social, en el documento de diez páginas firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se pone énfasis en las buenas cifras económicas conseguidas por Chile en los últimos 30 años.
Mientras que en paralelo, se reconocen las causas que motivaron la crisis social que terminó desembarcando en uno de los acuerdos políticos más importantes del último tiempo.
“Muchos se sorprendieron cuando el año pasado Chile vivió jornadas de protesta e inusual violencia. No hay duda que en ese fenómeno influyeron factores tales como la mala distribución del ingreso, las bajas pensiones y las deficiencias del sistema de salud público“, se lee en el texto.
Asimismo, se advierte sobre grupos organizados que perpetran acciones terroristas principalmente en el sur del país.
“El desafío de Chile es encauzar su proceso político en un ambiente de normalidad y paz social (…) El factor de mayor complejidad en el actual escenario es el resurgimiento de la violencia a partir de grupos organizados que perpetran acciones terroristas -como ocurre en el sur del país- y de la acción de grupos cuyo propósito es afectar el normal funcionamiento de actividades nacionales”, añade el escrito.
En concreto, se apunta a que esos grupos podrían estar intentando alterar el itinerario democrático, razón por la que es deber del Gobierno frenar la violencia e imponer el orden público a través de Carabineros.
Quienes “en su actuar debe dar plenas garantías de que no habrá vulneraciones a los derechos humanos y, en segundo lugar, el repudio enérgico y sin ambigüedades de todas las fuerzas políticas a fin de aislar a los violentistas”, añade el texto.
Ya en las reflexiones finales, el texto destaca que en los últimos 30 años nuestro país “ha logrado una bien ganada reputación en el mundo por su trayectoria de progreso basada en la energía de su democracia, la resiliencia de su gente, el cumplimiento de sus compromisos, la seriedad de sus políticas públicas, la solidez de sus instituciones y el respeto al estado de derecho”.
