La tarde de este lunes, el Pleno de la Corte Suprema confirmó la prorrogación en dos años de la visita extraordinaria de la ministra Romy Rutherford.
Con ello, el Poder Judicial dio luz verde para que la jueza continúe investigando los casos de fraude al interior del Ejército por otro bienio.
Según comunicó el presidente del tribunal de última instancia, Guillermo Silva, la decisión fue adoptada de manera unánime.
El nuevo periodo comenzará en marzo, con lo cual la ministra seguirá al mando de la indagación de las más de 20 aristas que posee la causa.
Hasta el momento, la magistrada ha sometido a proceso a dos ex comandantes en jefe de la institución castrense por los delitos de mala utilización de gastos reservados y malversación de caudales públicos.
En concreto, se trata de los generales (r) Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, el primero por el posible desvío de $3.500 millones y el segundo por la eventual malversación de $4.500 millones.
La jueza fue confirmada en su puesto a pocos días de ser publicada en el Diario Oficial la “Ley Rutherford”.
En concreto, el cuerpo legal modifica el Código de Justicia Militar a modo de posibilitar la extensión en el cargo de ministros de Cortes de Apelaciones que integren Cortes Marciales y que estén a cargo de causas “de alta complejidad, duración e impacto público”.
La medida lleva el apellido de la ministra en relación a su trabajo investigando los desfalcos del Ejército y atravesó una discusión de ocho meses en el Congreso. No obstante, esta igual debió sortear el Tribunal Constitucional.
Reacciones
La ampliación de la visita de Rutherford fue vista con buenos ojos en el mundo político.
“Que a la ministra Rutherford le hayan dado un periodo de extensión por dos años más es una muy buena señal. Con esto no se va a perder tiempo en que un nuevo ministro se entere de la causa, de todos los hechos investigados, pero sobre todo mantiene una línea investigativa única en el tiempo, lo cual nos da las garantías necesarias para saber que se va a llegar a la verdad”, dijo el diputado Álvaro Carter (UDI).
“Me parece que es una medida muy justa porque la jueza está llevando a cabo una investigación penal compleja, extensa, que se enfrenta a intereses muy poderosos. Estamos hablando de los altos mando de las Fuerzas Armadas (FFAA), involucrados en un conjunto de prácticas irregulares, ilegales y delitos de corrupción”, señaló por su parte el diputado Leonardo Soto (PS).
“Ahí tenemos que ella está formalizando y llevando a juicio a ex comandantes en jefe acusados de haber malversado recursos del Fisco por cerca de $8 mil millones y este grupo de uniformados tiene redes de apoyo muy grandes”, agregó el legislador.
“En consecuencia, me parece que se fortalece la acción de la justicia, que busca sancionar los actos de corrupción en las FFAA. Es un respaldo, además, a una jueza civil que está haciendo un trabajo espectacular en la Justicia Militar llevando precisamente a estrado a esta red de corrupción y ha demostrado con creces ser una jueza muy profesional, valiente… ahí están los casos de corrupción en materia electoral que terminaron con clases de ética”, sostuvo.
