Este lunes se llevó a cabo la primera sesión del comité organizador de la cumbre por el medio ambiente de la ONU que organizará Chile, la COP25, instancia donde el presidente Sebastián Piñera instó a alcanzar “acuerdos más ambiciosos para evitar una tragedia”.
No obstante, organizaciones medioambientalistas criticaron no haber sido convocadas y pidieron al Gobierno que no solo haga anuncios sino que también pacte el poder trabajar en la mejora del contexto medioambiental del país.
En esa línea se expresó el director ejecutivo de la ONG FIMA, Ezio Costa, quien de todas formas dijo que no le sorprende que el Gobierno se enfoque en realizar una coordinación política.
Por su parte, la directora Ejecutiva de Oceana Chile, Liesbeth Van Der Meer, pidió al Gobierno que no solo haga anuncios sino también se comprometa a mejorar la condición medioambiental local.
En esa misma línea se manifestó el expresidente Ricardo Lagos, uno de los invitados a participar de este comité, quien advirtió los riesgos del cambio climático y aseguró que se requiere una meta más alta de la que se persigue.
Gobierno
Intentando dejar los inconvenientes logísticos de lado, Piñera encabezó la reunión en la que también participaron otras autoridades del Estado y parlamentarios.
A ocho meses de la cumbre el Jefe de Estado instó a alcanzar compromisos más ambiciosos en términos medioambientales para “evitar una tragedia”.
Según Piñera, el compromiso de Chile es reducir en un 30% las emisiones de CO2 a 2030 y que se baraja anticipar el cumplimiento de ese trato.
Para ello, dijo, es importante la electromovilidad y prohibir la instalación de nuevas centrales termoeléctricas a carbón.
Respecto de los temas logísticos, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró que el lugar que será la sede de la COP25 ya está definido pero que será comunicado el jueves.
El evento se desarrollará entre el 2 y 13 de diciembre, al que llegarían 40 mil personas de distintas delegaciones, cuya organización costará 35 millones de dólares.
El presupuesto fue aprobado por el Congreso, el que pidió al Gobierno aclarar de dónde saldrán esos recursos.
