El proyecto de ley que busca someter a exámenes de drogas a los parlamentarios en ejercicio, o que sean candidatos, todavía sigue siendo revisado en el Congreso, argumentando que dichos funcionarios “deben regirse por altos estándares tanto en su vida pública como personal”.
La iniciativa, de los diputados Jorge Alessandri, Jaime Bellolio, Juan Fuenzalida, Sergio Gahona, Nicolán Noman, Guillermo Ramírez, Rolando Rentería, Virginia Troncoso, Osvaldo Urrutia y Enrique Van Rysselberghe, está ahora en primer trámite constitucional y será analizada por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara Baja.
Pero la idea de comprobar si parlamentarios están consumiendo drogas o alcohol no es nueva. Existen registros desde 2014 cuando algunos políticos plantearon algo similar.
Recientemente, para las Elecciones 2017, también hubo mencion al tema; el excandidato independiente José Antonio Kast llamó a sus competidores a realizarse un “test de pelo” para demostrar que no consumían estos productos.
Sin embargo, pese a su pequeño minuto “de fama”, el proyecto no siguió siendo discutido por la comunidad y sólo ahora una nueva moción pone en trámite la gestión de esta idea en el Congreso.
Tal como especifica Diario Constitucional, la iniciativa busca “agregar un nuevo artículo 9 bis en la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, del siguiente tenor: “Los candidatos a los cargos de senadores y diputados deberán realizarse un examen de drogas, situación que además deberán acompañar a través de una declaración jurada”.
Además, “incorpora un nuevo inciso 2° en el artículo 5 de la Ley N°20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, de conformidad al siguiente texto: “La declaración establecida en el inciso anterior, para el caso de senadores y diputados, deberá, además, ir acompañada de una declaración jurada que certifique la realización de un examen de drogas y su resultado por parte de estas autoridades”.
En ese sentido, los autores del proyecto argumentan que los integrantes del Poder Legislativo “deben regirse por altos estándares tanto en su vida pública como personal” y que estos “deben estar a la vanguardia en lo que respecta a promover una cultura de la pulcritud en esta materia”.
