Sin importar el color político, en varios países de Centroamérica se imponen estilos cada vez más antidemocráticos y autoritarios. ¿A qué se debe esta tendencia y cómo frenarla?
En lo que pareciera ser una tendencia creciente en Centroamérica, algunos gobiernos están limitando libertades, quitando opositores del camino y coartando la libertad de expresión.
Lo vemos en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega se asegura la continuidad en el poder. El tribunal electoral canceló la personería jurídica de un partido, impidiendo con ello la participación de la opositora Coalición Nacional en las próximas elecciones de noviembre.
En Guatemala, gobernada por Alejandro Giammatei, una reforma a la ley de organizaciones no gubernamentales amenaza la libertad de asociación y expresión.
En El Salvador, la mayoría parlamentaria oficialista de Nayib Bukele votó la destitución de jueces de la Corte Suprema y del Fiscal General, en lo que la oposición ha denominado un golpe de Estado.
Y en Honduras, donde hay elecciones en noviembre, la presidencia de Juan Orlando Hernández y la élite económica y política con la que gobierna están bajo sospecha de vínculos con el narcotráfico y corrupción.
La historia ayuda a explicar la realidad política centroamericana, aseguran expertos consultados por DW. “Históricamente han sido Estados autoritarios, con guerras civiles, gobiernos militares y dictaduras. Si había elecciones, el poder en la sombra siempre era de los militares y los grupos económicos poderosos”, indica Hannes Warnecke-Berger, investigador en relaciones internacionales de la Universidad de Kassel.
En su opinión, “estas sociedades históricamente nunca han funcionado con un discurso libre. El que tiene el poder no acepta críticas. Observamos esa tendencia al autoritarismo por décadas. Tiene que ver con características como la corrupción y la impunidad. Es casi una forma tradicional de gobernar, pero ahora la corrupción está mucho más extendida y también se agregan formas más modernas como el populismo”, dice, por su parte, el historiador Carlos Haas, de la universidad Ludwig-Maximilian de München.
Para Ingrid Wehr, directora de la Oficina Regional para Centroamérica de la Fundación Heinrich Böll, América Central está siguiendo tendencias internacionales de retroceso de la calidad de las instituciones democráticas y el estado de derecho. “Avances de populismo y fuerzas de ultra derecha niegan los valores básicos de la democracia. Estas tendencias se manifiestan más fuertemente en América Latina, y específicamente en Centroamérica”, señala.
Nuevos estilos, viejas estructuras
La coexistencia de altos niveles de desigualdad social, de ingreso, de patrimonio, de acceso a la tierra y a bienes comunes, como el agua y los servicios públicos, es una constante en Latinoamérica. Y “en Centroamérica, de una forma mucho más brutal, porque además de la desigualdad social, hay un alto nivel de violencia, mayoritariamente de bandas juveniles, narcotráfico y, por su cercanía a Estados Unidos, es muy susceptible a intervenciones internacionales”, subraya Ingrid Wehr.
“El problema central es que las estructuras no cambian. Arrastran crisis históricas de la década de los 80′ y ahora suman un nuevo eje de conflicto entre generaciones”, advierte Warnecke-Berger. En El Salvador, Bukele se distanció de la historia de la guerra y “lo hizo también el alto porcentaje de población joven, que no tiene relación directa con la historia ni con los conflictos entre derecha e izquierda”, agrega.
“En las sociedades posguerra, coaliciones de partidos de derecha e izquierda se repartieron el botín por la explotación de bienes naturales, participaron en redes de corrupción, lavado de dinero o droga, y contribuyeron a una deslegitimación de instituciones democráticas y del sistema partidario”, observa Wehr.
Los cambios de gobierno no han marcado grandes diferencias. “Tenemos el mismo estado, pero con fuerzas nuevas”, acota el investigador de la Universidad de Kassel. Y la violencia de la guerra hoy está a nivel social, con las pandillas y altas tasas de homicidios, añade. Gran parte de la población vive excluida, en medio de la pobreza, el desempleo, la economía informal, la violencia, y empujada a migrar.
La esperanza que generaron algunos gobiernos que prometieron reformas sociales terminó “en frustración ante la política, el estado y las instituciones oficiales”, dice Warnecke-Berger.
Bukele ha buscado encarnar esa esperanza de cambio hábilmente con las redes sociales, y su “imagen de ejecutor joven le permite establecer lazos más estrechos con partes excluidas de la población”, estima Haas.
Al mismo tiempo, “hay mucho fatalismo y resignación. En Guatemala, por ejemplo, ante las falsas pruebas de COVID-19, no hubo reacción de la población. En cualquier otro país, la gente estaría en la calle, pero los guatemaltecos dijeron “así es nuestra vida”. Esa es una nueva cualidad del autoritarismo”, advierte Haas.
¿Cómo detener esta tendencia? Los expertos coinciden en que no hay soluciones fáciles ni inmediatas, pues esas implican cambios estructurales. Para Warnecke-Berger, es necesario cambiar la estructura de la economía, fomentar la producción y crear empleo, lo que ayuda a la democratización: “No se desarrolla frustración y no surgen personas que canalicen esta frustración en respuestas fáciles”.
En opinión de Haas, “una de las medidas más importantes es mejorar la educación, fomentar el pensamiento crítico y tratar de aprender sobre el propio pasado. En Guatemala, ni en las familias ni en las escuelas se habla de la guerra, y eso hace más fácil que el gobierno y grupos de influencia usen la retórica de los años 70′ y 80’”.
El historiador apunta a encontrar caminos de reconciliación en estas sociedades, que son muy heterogéneas y marcadas por divisiones, aprender que es posible tolerar y aceptar formas distintas de vivir y pensar. Esto las hace menos manipulables y menos propensas a regímenes autoritarios.
Para Ingrid Wehr, no hay que subestimar a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. “Hasta hace poco vimos la resistencia heroica de fiscalías y ministerios públicos, pero hoy tenemos un control completo de instancias de justicia en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Los partidos políticos tampoco ofrecen credibilidad ni soluciones. Lo poco que queda de resistencia es la sociedad civil.”
