Brian L. Schwalb, fiscal general de Washington DC, demandó al gigante del comercio electrónico Amazon por “clasismo”, al pausar en secreto su servicio de entrega más rápido, Prime, en varios barrios de bajos ingresos en la capital de Estados Unidos.
Según el fiscal, durante los últimos dos años y medio la empresa ha dejado de prestar “deliberadamente” este servicio a los vecindarios de dos códigos postales ubicados al este del río Anacostia, donde viven casi 50.000 miembros de Prime.
“Sin que estos residentes lo supieran, Amazon les ha cobrado colectivamente millones de dólares por un servicio que no reciben”, subraya.
El fiscal indica que la exclusión de estos vecindarios, en los que residen en su mayoría personas negras, viola las leyes de protección de los consumidores y pide por ello una compensación por daños y perjuicios, así como sanciones a la empresa.
De acuerdo con la demanda, en 2023, el resto de usuarios de Prime que vivían en la ciudad recibieron sus paquetes en los dos días que fija la empresa un 75% de las veces, mientras que los residentes de los códigos postales afectados recibieron sus productos en este plazo solo el 24% de las veces.
Para los barrios excluidos, Amazon dependió exclusivamente de los servicios de entrega de otras empresas como United Parcel Service (UPS) o el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), lo que “ha dado lugar a una disminución significativa en la velocidad y calidad del servicio Prime” en estas zonas.
Fue para “proteger a repartidores”
En un comunicado, una portavoz de Amazon tildó de “categóricamente falsa” la acusación de que sus prácticas comerciales son engañosas, y explicó que la compañía excluyó ciertos barrios “para proteger la seguridad de los repartidores”.
“En estos códigos postales se han producido actos específicos dirigidos contra los conductores que entregan paquetes de Amazon”, aseguró.
Por su parte, Schwalb reconoce que “las empresas que operan en el distrito tienen el derecho a tomar medidas para proteger a sus empleados”, pero subraya que “tienen la obligación de ser transparentes para que los consumidores puedan tomar decisiones de compra informadas”.
Esta no es la primera vez que Amazon se enfrenta a una acusación de este tipo: en 2016, una investigación de Bloomberg reveló que la empresa excluía de sus servicios de entrega en un día aquellos códigos postales donde vivían, en su mayoría, personas negras.
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