El Ministerio de Vivienda de España notificó a las plataformas de alquiler -como Airbnb- de 53.876 pisos turísticos ilegales para que retiren sus anuncios “online”, al no cumplir con los requisitos para solicitar el número de registro -que es obligatorio desde el pasado 1 de julio-, por lo que constan como “revocados”.
Según informa este domingo el Ministerio en un comunicado, el registro recibió un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De éstas 53.786 han sido revocadas (20,3%).
El objetivo del Gobierno, según la nota, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial.
Crisis de vivienda en España
España vive una fuerte crisis de vivienda residencial, con una demanda muy superior a la oferta.
Entidades sociales y algunos ayuntamientos lo atribuyen al turismo de masas y la proliferación asociada de viviendas particulares de alquiler de temporada en lugares como las grandes capitales y las zonas costeras.
Ahora, las distintas plataformas de anuncios de alquileres de pisos turísticos deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que, según el Ministerio, pueden estar comercializándose en varias empresas a la vez.
En un comunicado, la empresa Airbnb ya se ha comprometido a retirar los pisos turísticos que no han obtenido el número de registro obligatorio, aproximadamente uno de cada diez de los publicados en esta plataforma, en una “firme apuesta” por colaborar con el Gobierno español y garantizar el “cumplimiento estricto” de la normativa de alquileres de corta duración.
La empresa declara haber notificado a todos los anfitriones la obligación de obtener el número de registro nacional y que, desde enero, 70 mil anuncios más cumplen con ese requisito.
Airbnb también reclama que las otras plataformas de alquiler de pisos turísticos se unan al “esfuerzo y compromiso de transparencia” en la lucha contra los pisos turísticos ilegales.
Con el registro y la Ventanilla Única Digital, Vivienda pretende “preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades”.
El Ministerio, registradores de la propiedad y las plataformas comparten datos a través de la ventanilla única creada en enero pasado a fin de luchar contra el fraude.
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