La Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, constituida hace cuatro meses y compuesta por cinco especialistas, entregó un informe con 34 recomendaciones para ahorrar y contener la expansión del gasto público en el corto, mediano y largo plazo.
De concretarse las diversas medidas de esa propuesta de recorte fiscal, el grupo de expertos proyecta que el Estado podría ahorrar un equivalente de hasta el 0,6% del PIB anual a largo plazo.
El documento ya fue entregado al Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), quienes ahora estudiarán las medidas y “cuando presentemos el proyecto de ley de Presupuestos 2026, daremos a conocer un plan de acción que detallará qué medidas acogeremos”, aseguró la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña.
La lista de medidas de recorte fiscal recomendadas al Gobierno
Las recomendaciones abarcan diferentes áreas del gasto público, como la educación superior; salud, control presupuestario, empleo público, oferta programática, institucionalidad y otros.
Por un lado, están las recomendaciones netamente para el ahorro de gasto.
Entre estas medidas con impacto a corto plazo, está la suspensión temporal de “las expansiones automáticas de cobertura o indexaciones automáticas a los valores unitarios de ciertos beneficios”, detalló Hacienda este jueves. La medida regiría solo durante 2026 y tendría un impacto de $17.908 millones.
La otra medida de corto plazo es la “suspensión de los incisos 1° y 2° del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas”, con un ahorro de $6.600 millones.
Revisión a la gratuidad
En el ahorro a mediano plazo, se recomendó “mejorar la focalización socioeconómica de los beneficios estudiantiles en Educación Superior” ($54.552 millones); “promover prácticas de compras eficientes y fortalecer la transparencia en los procesos de compra pública” ($50.924 millones) y revisar y ajustar la dotación docente y de asistentes de educación en establecimientos públicos de educación ($169.241 millones).
De lo respectivo a la gratuidad, la modificación al mecanismo de expansión del beneficio en la educación superior es la única medida de gasto considerada de largo plazo, con un posible ahorro de $456.502 millones. En este contexto, se añade la evaluación del criterio de edad para asignar la gratuidad ($80.848 millones).
También se recomienda fortalecer el control en el uso del Subsidio por Incapacidad Laboral ($572.627 millones), declarar como “descontinuados” los programas públicos con desempeño insatisfactorio ($388.445 millones) y eliminar o descontinuar los de baja escala ($26.545 milllones), condicionando a su vez los recursos para programas con debilidades en su desempeño.
Eliminación de la Secretaría General de Gobierno y analizar continuidad de la INJUV
El informe entregado a Hacienda y la Dipres también apunta a la eliminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), traspasando sus funciones al Ministerio del Interior que, tras la creación de la cartera de Seguridad Pública, funciona como “coordinador del Gobierno” (con un ahorro de $16.027 millones).
La INJUV también quedó en la mira de la Comisión, quien recomendó revisar su continuidad “para evitar traslapes y fragmentación” ($6.795 millones).
Lo mismo para el caso del los departamentos provinciales de educación (DEPROV) y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU), esta última con un ahorro potencial de ($5.774 millones).
Finalmente, respecto a las medidas netamente de ahorro, está el combate a la evasión del transporte público metropolitano, junto con facilitar pagos y fortalecer los ingresos del sistema ($89.100 millones).
Medidas para contener el gasto
Ahora bien, el resto de medidas fueron catalogadas con el potencial de contener el gasto público, y alguna de ellas también “tendrían un efecto en evitar o mitigar presiones de gasto que podrían implicar que crezca sobre su nivel estimado”.
Las primeras medidas de este tipo -a mediano y largo plazo- apuntan al sistema de salud, como el fortalecimiento de la gestión hospitalaria y eficiencia del sistema público de salud (con un impacto de $97.162 millones); separar funciones rectoras y operativas, además de institucionalizar la gestión de los hospitales para mejorar la gobernanza del sistema; formular el presupuesto desde los hospitales y traspasar las funciones del Cenabast a ChileCompra.
En esta línea, se recomendó “fortalecer la atención primaria como puerta de entrada efectiva al sistema y reducir la demanda innecesaria en hospitales”, junto con revisar y ajustar el Plan de Inversiones en hospitales.
Evitar aumentos del nivel de gasto
Como una medida permanente y de impacto en el corto plazo, se plantea reducir la flexibilidad de la actual Ley de Presupuestos “que permite aumentar el nivel del gasto aprobado en la ley”, siendo de todo el informe la recomendación con mayor ahorro del gasto, unos $1.076.104 millones.
Otras medias son “restringir el uso de recursos de la Provisión para Financiamientos comprometidos, del Tesoro Público, para fines distintos de los que originaron la provisión” ($333.471 millones), identificar la fuente de financiamiento de los proyectos que generan gastos permanentes, llevar un menor gasto fiscal en caso de subejecución de inversión y sustituir ” la “provisión republicana” por facultades de reasignación presidencial”.
Congelar sueldos y dotación
En el ámbito del empleo público, se recomienda modificar el Estatuto Administrativo y otras normas para que el sistema se base en el mérito en el ingreso, “progresión por desempeño, movilidad interna, y mecanismos transparentes y efectivos de término”.
“Congelar el personal de dotación y fuera de dotación a nivel de 2025” y “mantener remuneraciones en valores nominales 2025” son otras dos medidas, con impactos favorables al erario público de $331.597 millones y $524.938 millones, respectivamente.
Otras alternativas para contener el gasto apuntan a la “sostenibilidad financiera de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)” ($45.783 millones), el “generar mecanismos de entrada, salida y monitoreo ad hoc para contribuir a la racionalización de la oferta programática”, retomar las recomendaciones de la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad y “fortalecer los mecanismos de verificación y control sobre la información registrada en el RSH”.
En los casos donde no se señalaron montos de ahorro, fue porque la instancia no contó con información suficiente para una estimación.
Con todo, desde Hacienda y la Dipres afirmaron que “todas las medidas tendrían un potencial impacto”.