Deportistas, presidentes de federaciones, directivos, entrenadores o cualquier trabajador que desempeñe una actividad conexa directamente vinculada con la práctica del deporte, quedarían con prohibición de jugar en casinos online. ¿La razón? Podrían interferir en los resultados en el campo de juego físico.
La Comisión de Economía de la Cámara Baja aprobó, en la votación del proyecto que regula a las plataformas de apuestas en línea, una indicación que prohíbe la participación de quienes puedan tener injerencia directa en los resultados, como deportista y presidentes de federaciones.
En la misma línea los miembros de la Comisión votaron varias indicaciones propuestas tanto por parlamentarios como por el Ejecutivo, pero la mencionada anteriormente fue la que generó mayor debate.
En detalle, el artículo propone la prohibición de efectuar apuestas a quienes tengan una injerencia directa en el resultado en cuestión, para evitar así posibles trampas en, por ejemplo, el campo físico de juego.
Por tanto deportistas, presidentes de las federaciones, directivos, entrenadores o cualquier trabajador que desempeñe una actividad conexa directamente vinculada con la práctica del deporte, no podrían jugar más en casinos online.
El diputado liberal Alejandro Bernales valoró la aprobación de ese punto; y la diputada de RN, Sofía Cid, destacó el trabajo desarrollado en la Comisión, pero recalcó que el trámite ha sido más lento de lo que debiese.
En la instancia (Comisión) ya se han aprobado otras indicaciones relevantes, como la que apunta a transparentar los nombres de los dueños de estas plataformas de apuestas, o que deudores de pensión de alimentos no puedan jugar.
Pero aún queda mucho por discutir, como los tributos en el sector.
Hace unas semanas el Gobierno, a través de la Subsecretaria de Hacienda, difundió las indicaciones al proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas y casinos de juegos online.
Entre varios aspectos, se busca promover el “juego responsable y prevenir el juego problemático”, aumentar la recaudación fiscal; y evitar tanto el lavado de activos como el financiamiento del terrorismo a través de estos sitios.
El proyecto estipula requisitos similares a los que se exigen a los casinos de juego para que las sociedades operadoras accedan a una licencia, entre las que se incluyen ser sociedades anónimas cerradas constituidas en Chile.
También, sólo podrían funcionar en Chile mediante direcciones “.cl”, con sistemas y programas que cumplan con los requisitos, siguiendo las prácticas internacionales.
