En enero de este año, el Gobierno envió un proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en determinadas circunstancias, es decir, volver a permitir el aborto terapéutico, que era legal en nuestro país hasta la dictadura.
Esta iniciativa, que está siendo actualmente discutida por el Cámara de Diputados, permitiría a las mujeres abortar de manera voluntaria en tres casos, denominadas en el texto como “ciertas experiencias de vida críticas”.
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Éstos son, según se describe en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, “cuando debe interrumpirse un embarazo para evitar un peligro para la vida de la mujer cuando el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo es producto de una violación”.
Pero, ¿por qué se debería despenalizar el aborto terapéutico? En el mismo proyecto, el Gobierno da a conocer una serie de razones por las cuales consideran que se debe permitir la interrupción del embarazo en las tres causales descritas. Aquí te mostramos 8 de ellas, para responder a la pregunta planteada:
1- Las mujeres chilenas merecen trato digno
El primer argumento que entrega el Gobierno en el proyecto de ley, para despenalizar el aborto en las tres causales mencionadas, es que “la normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones, y sitúa a nuestro país como uno de los cuatro en el mundo que lo criminaliza en todas sus modalidades, además de El Vaticano: Chile, Nicaragua, El Salvador y Malta”.
Sobre esto, especifica que “partimos de la base que la vida de toda persona, considerada en su máxima y más amplia dimensión, comprende no sólo su condición biológica, sino también los aspectos sociales y culturales que la constituyen (…) Junto con ello, el Estado debe equilibrar esos mandatos con aquellas situaciones que pueden afectar la vida, la salud, los derechos y, en definitiva, la dignidad de las mujeres en ciertas situaciones que conllevan la obligación de regular la interrupción del embarazo”.
Aún más, hacia el final del texto se vuelve a mencionar esto, manifestando que “la presentación del proyecto de ley tiene como fundamento el respeto por la vida. Es esencial que el Estado promueva las condiciones para una vida digna, por lo que resulta indispensable la protección de la vida de la mujer, así como la del que está por nacer (…) Debemos reconocer que el Estado no puede castigar a una mujer por no perseverar en un embarazo que no desea y que la sitúa en una posición extrema. El Estado y el presente proyecto de ley no obligarán a ninguna mujer a interrumpir su embarazo, sino que ofrecen opciones en caso de tres situaciones”.
2- El Estado de Chile es laico
Otra de las razones que justifican la despenalización de la interrupción del embarazo en ciertas causales, es que “el Estado de Chile es laico y reconoce el derecho que asiste a toda persona para conducirse en su vida de acuerdo con sus convicciones y principios morales, sean éstos de carácter religioso o no, razón por la que contempla una regla para el caso de quienes deseen objetar en conciencia”.
En otras palabras, señalan que cada chilena debería ser capaz de tomar sus propias decisiones, guiándose por sus propios principios.
“Debemos reconocer que el Estado, en estas situaciones extremas, no puede imponer una decisión a las mujeres, ni penalizarlas, sino entregar alternativas, respetando su voluntad, ya sea que deseen continuar el embarazo u optar por interrumpirlo, para asegurar el pleno respeto de sus derechos”, dice el Gobierno en el texto.
ARCHIVO | Nadia Pérez | Agencia UNO
3- La criminalización del aborto ha fracasado
Además de las razones ya expuestas, las autoridades expresan en el proyecto de ley otro argumento importante que sustenta la medida: aunque esté prohibido el aborto, las mujeres igual interrumpen sus embarazos en Chile de manera clandestina, lo que además provoca que pongan en riesgo su salud.
El Ejecutivo reconoce en el documento que “los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo, no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de riesgo para la vida y salud de las mujeres, y, por el contrario, se traducen en una vulneración de sus derechos. Esto representa un problema social del cual debe hacerse cargo cabalmente el Estado”.
4- Alta cantidad de abortos clandestinos
Siguiendo la línea del punto anterior, el Gobierno expone que hay una alta cantidad de abortos que se realizan de forma clandestina y sin las medidas sanitarias adecuadas.
Las autoridades han analizado la información de los egresos hospitalarios desde 2001 a 2012, por medio de lo cual han determinado que en ese período “hubo 395.905 casos de abortos, es decir, interrupciones del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, con un promedio de 32.992 casos/año, donde las mujeres y su entorno se encontraban en situaciones críticas”.
Eso sí, destacan que esa cifra no da cuenta “de todos los casos de interrupciones de embarazos en Chile, sino sólo de los antes indicados, pues al estar penalizado en toda circunstancia, no se informa acerca de su realización. Como consecuencia, no contamos con encuestas sobre salud sexual y reproductiva en la que las mujeres pudieran informar acerca estos procedimientos”.
Campaña "Apoyamos aborto en 3 causales" | F. Flores | Agencia UNO
5- Al menos 16 mil chilenas cada año requieren de un aborto terapéutico
En el proyecto de ley se afirma que “en promedio, cada año se hospitalizan 16.510 mujeres/año, con embarazos de menos de 22 semanas que son pertinentes a las dos primeras causales que el presente proyecto autoriza”, que son en caso que la vida de la madre esté en riesgo y/o que el embrión/feto tenga una alteración estructural congénita o genética.
“Esto imprime una demanda a los sistemas de salud, tanto públicos como privados, que enfrentan de muy diversas maneras las necesidades de cuidados de salud de estas mujeres, generando grandes inequidades según el nivel de ingresos de la población”, sostiene.
Asimismo, detalla que “tratándose de la primera causal, sabemos que el año 2012 hubo 54 mujeres que murieron en su proceso de gestación (…) Un porcentaje significativo de mujeres pudo haberse tratado clínicamente con interrupción del embarazo, para resguardar sus vidas. Luego, en la segunda causal que trata el presente proyecto, la estimación del número de muertes por alteraciones estructurales incompatibles con la vida extrauterina en nuestro país, asumiendo un número de partos anuales de 250.000, sería alrededor de 500 casos anuales, según prevalencias por patologías”.
6- Al menos 10% de las violaciones podrían desembocar en un embarazo
El Ejecutivo expresa que “al intentar estimar los embarazos a partir de los casos de delitos sexuales, encontramos que no existen registros estadísticos integrados. Si, además, se considera que no todos los delitos sexuales son denunciados, no es posible tener una cifra de casos efectivos”.
No obstante, sí se sabe que “la probabilidad de que una mujer quede embarazada producto de una violación es de aproximadamente un 10% de los casos (oscilan las estimaciones entre el 3%, 5% y 17% según la fuente de los estudios analizados)”.
“En virtud de lo anterior, estas cifras impactan las percepciones ciudadanas sobre los déficit de nuestra actual normativa. Prueba de ello es que estudios de opinión pública revelan que la ciudadanía respalda ampliamente la necesidad de despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales propuestas (CEP, julio de 2014; Adimark, julio de 2014; Cadem, enero de 2015), cuyos resultados arrojan que más del 70% de los encuestados apoya la despenalización por las tres causales”, narra.
ARCHIVO | David von Blohn | Agencia UNO
7- Negar el aborto terapéutico es una vulneración a los Derechos Humanos:
Otro punto que destaca el Gobierno en el proyecto de ley, es que “de conformidad al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la denegación de la interrupción del embarazo, en determinadas circunstancias, puede constituir vulneraciones a derechos fundamentales. Son precisamente estas tres causales las que el actual proyecto pretende regular”.
Es decir, actualmente Chile podría estar vulnerando los Derechos Humanos, al negar a las mujeres la posibilidad de realizarse un aborto terapéutico.
8- El aborto terapéutico fue legal en Chile por más de 50 años
En la década del 1930 se dictó un Código Sanitario que permitía la interrupción del embarazo por razones terapéuticas (artículo 226). Esta normativa llegaba a dar solución a un serio problema que enfrentaba la salud pública, que era la alta mortalidad materna debido a las consecuencias que traían los abortos clandestinos.
Esto duró hasta 1989, cuando la Junta de Gobierno que lideraba la dictadura impuesta en nuestro país, prohibió la interrupción del embarazo en todas las circunstancias. Esta ley heredada del régimen es la que rige hasta la actualidad en Chile.
Desde el regreso a la democracia, han existido una serie de intentos por despenalizar el aborto terapéutico, por medio de proyectos de ley enviados por parlamentarios.
Entre 1991 y 2014 se enviaron un total de 12 proyectos que intentaban restablecerla interrupción del embarazo, que tuvieron su origen tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Todos siguen “durmiendo” en el Congreso.
