El ex presidente argentino Carlos Menem guarda secretos de Estado sobre el atentado contra el centro judío AMIA en 1994 y si los declara en el juicio donde se lo acusa por encubrimiento, podría afectar intereses del país; advirtió este jueves su abogado en una audiencia sobre el caso.

Menem “puede ser relevado del secreto para declarar, pero se trata de razones de Estado que pueden afectar al Gobierno actual, a los intereses de la Nación y la convivencia pacífica con otras naciones”, dijo Omar Daer, sin dar más detalles.

La reacción inmediata a esta declaración la formuló una de las entidades querellantes, la organización Memoria Activa, de familiares de las víctimas, que dijo estar “sorprendida porque esta información (que Menem tiene) ha sido ocultada durante 21 años”, desde que estalló la bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

El ex mandatario, uno de los imputados de desviar y obstaculizar la investigación del ataque con 85 muertos y 300 heridos, sigue las audiencias mediante videoconferencia por razones de salud.

Un tribunal comenzó hace una semana a tratar la acusación de encubrir a los autores del atentado que pesa sobre Menem, funcionarios e incluso un ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Rubén Beraja, de estrechos vínculos con el ex mandatario.

“Las querellas hicieron notar que Menem no tiene ningún deber normativizado de guardar secreto, por lo que puede declarar con absoluta libertad”, señaló Memoria Activa.

El abogado de Menem, actual senador por el gobernante peronismo, también indicó que su patrocinado convocó a “servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Brasil” después del atentado para ayudar a su esclarecimiento.

Memoria Activa agregó en un comunicado que “más allá del absurdo planteo dilatorio, exigimos a Menem que declare en la próxima audiencia todo aquello que dice saber y que le ha negado a la justicia y a las víctimas todos estos años”.

La Justicia argentina ha acusado como autores intelectuales del ataque a ex gobernantes de Irán, entre ellos al ex presidente Ali Rafsanjani.

Sobre los acusados pesa aún una circular roja de arresto internacional en vigor en la organización Interpol.

Argentina reclama cada año desde 2006 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que los acusados acepten declarar ante la Justicia.

Un acuerdo firmado en 2013 con Irán para que los imputados sean indagados fracasó y la causa permanece estancada.