El presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín, junto al prosecretario, Jorge Alessandri, manifestaron que el Gobierno debe comenzar a tomar acciones concretas para combatir la violencia en La Araucanía, para que no ocurran más hechos como la quema de camiones el pasado viernes en Collipulli.
“El Gobierno debe tomar acciones claras y precisas para enfrentar estos hechos como se enfrentan los casos de delitos terroristas”, expresó Larraín, enfatizando que es necesario aplicar “una estrategia adecuada a los delitos terroristas que están teniendo lugar en esa zona”.
A su vez, el presidente de la UDI fue claro en señalar que se están usando métodos conocidos en el mundo terrorista y que son usados por las FARC, por lo que se debe aplicar el Estado de Derecho en estos casos.
“Cuando hay violencia de esta naturaleza no hay paz para la gente, pero tampoco hay Estado de Derecho y pensamos que este gobierno tiene la responsabilidad de hacer subsistir el Estado de Derecho en todo el territorio nacional”.
A su vez, la UDI resaltó que no se pueden atribuir las quemas de camiones a la causa mapuche: “Nos parece una ofensa decir que actuaciones de este tipo tienen el origen en la causa mapuche. La causa mapuche se canaliza a través de planteamientos pacíficos y si hay algunos chilenos, sea de origen alemán, mapuche, español, que cometen estos actos, tienen que ser entendidos como una acción de grupos terroristas que merecen ser tratados como tales”, dijeron.
Consultado por la decisión del Gobierno de no invocar la ley antiterrorista en La Araucanía, Larraín dijo que “el Gobierno ha mostrado mucha debilidad, porque cree que estos actos pueden tener relación con la causa mapuche y nos parece impresentable que se relacionen las dos situaciones. La causa mapuche tiene sus raíces y su camino, estos son actos terroristas y es independiente de quién los cometa y por lo tanto no enfrentarlos en su real magnitud es una señal de debilidad del gobierno. Le corresponde al Ministerio del Interior, pero también a la Presidenta de La República que tiene que hacerse cargo de que su gobierno no está garantizando el Estado de Derecho en una región del país”.
“Llegó la hora de que el gobierno asuma esta realidad, los enfrente y de una vez por todas disponga de todos los métodos, desde equipos de inteligencia para prevenir estos hechos, como equipos para reaccionar con rapidez para poder contenerlos y controlarlos lo antes posible”, concluyó.
