El Congreso estadounidense aprobó este miércoles la construcción del oleoducto Keystone XL entre Canadá y Estados Unidos, una iniciativa republicana que el presidente Barack Obama amenazó con vetar.

La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, adoptó en última lectura por 270 votos contra 152 una ley que autoriza al constructor TransCanada a comenzar la discutida obra de inmediato.

Después de una larga batalla política, y más de seis años después de la primera solicitud de un permiso para la construirlo TransCanada podrá desarrollar el controvertido proyecto transfronterizo de 1.900 kilometros, de los cuales 1.400 en Estados Unidos. El veto de Barack Obama parece inevitable, pero no firmará la muerte de Keystone XL.

“Los hechos están, en este caso, cerrados. Keystone es bueno para el empleo. Es bueno para el medio ambiente. Es seguro. Nos hace más seguros en materia energética”, dijo luego de votar el jefe del Comité de Energía de la Cámara, Fred Upton.

Este proyecto de obra transfronterizo, apoyado firmemente por el gobierno de Ottawa, ha sido rechazado por ecologistas y por la mayor parte de los legisladores demócratas.

Los permisos para el multimillonario oleoducto, por el que circulará crudo desde las oscuras arenas alquitranadas en Alberta, Canadá, hacia refinerías a lo largo de las costas del Golfo de Estados Unidos, fueron procurbuscados en una primera instancia por TransCanada seis años atrás.

La administración Obama pasó años revisando el proyecto, a punto tal que los republicanos se refirieron a él en tono burlón como el oleoducto más estudiado en la historia del país.

“El único motivo por el cual luego de seis años de revisiones continuamos teniendo este debate es porque el presidente simplemente no ha tomado una decisión”, dijo el republicano Upton.

La representante republicana Cynthia Lummis describió la amenaza de veto por parte de Obama como “una explicación más allá de lo racional” y urgió a que reconsiderara su postura.

A todos sus pares republicanos, salvo uno, se unieron 29 demócratas que apoyaron la medida aprobada en el Senado el mes pasado.

Pero los votos en ambas cámaras no alcanzaron los dos tercios necesarios para anular el veto presidencial. Para superar un veto presidencial, el Congreso precisa una mayoría de dos tercios en cada cámara.

Obama se opone a la ley republicana porque le quita el poder de conceder licencia de obras para el operador TransCanada, y quiere mantener esa potestad. Los republicanos querían acortar el proceso administrativo, que según ellos lleva demasiado tiempo.

Por ello resultó ser el proyecto petrolero que más se ha transformado con los años en conflictos partidarios entre demócratas y republicanos, cada uno viendo en la tubería una amenaza o una oportunidad histórica.

En noviembre, el Senado estadounidense -controlado entonces por los demócratas- rechazó con una escasa mayoría una ley que habría autorizado la construcción inmediata del oleoducto.

De su lado, la empresa TransCanada presentó una primera solicitud en septiembre de 2008, y sometió un nuevo trazado en abril de 2012.

El propio gobierno canadiense del conservador, Stephen Harper, exhortó varias veces a Washington a aprobar este controvertido proyecto. Canadá es el quinto producto mundial de crudo y busca llevar su petróleo a otros mercados.

Junto a los ambientalistas, los demócratas advierten contra los riesgos de fugas, y denuncian la extracción enérgica de crudo de las arenas bituminosas. También denuncian un favor concedido a una empresa extranjera.

“El sólo asunto apoyado por los republicanos con su voto es de haber demostrado su lealtad determinada hacia los grandes donantes del sector petrolero que han puesto a este oleoducto a la cabeza de su lista para Navidad”, dijo la directora de la importante ONG ambientalista Sierra Club, Michael Brune.

Pero los republicanos, apoyados por el gobierno de Harper, presentaron tres argumentos a favor: el transporte de tuberías es más seguro que el de ferrocarril; la de independencia energética: mejor importar crudo de Canadá que desde el Golfo pérsico, Venezuela y de otros países menos amigables, y además generará unos 42.000 empleos directos e indirectos, cifra calculada por el Departamento de Estado.