Indonesia rechazó el pedido de la presidenta Dilma Rousseff de detener “por razones humanitarias” la ejecución de dos brasileños condenados a muerte por narcotráfico en el país asiático, informó este viernes el gobierno.

“Como jefe de Estado y como madre”, Rousseff pidió a su homólogo indonesio, Joko Widodo, detener las ejecuciones previstas de dos ciudadanos brasileños presos por intentar ingresar droga al país hace diez años.

Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 años, será fusilado en la madrugada de este domingo junto a otros cinco presos.

La presidenta afirmó “tener conciencia de la gravedad de los crímenes cometidos por los brasileños” y dijo respetar la soberanía del sistema judicial indonesio. No obstante, realizó el pedido por “razones eminentemente humanitarias”, señala un comunicado oficial.

Widodo, por su parte, reiteró a Rousseff que no puede conmutar la sentencia porque ya fueron agotados todos los recursos jurídicos previstos en la ley de su país, según recoge la nota.

La presidenta de Brasil lamentó la decisión y advirtió que la misma “tendrá una repercusión negativa en la relación bilateral”.

Moreira, un exinstructor de vuelo de 53 años, fue condenado en 2004 por ingresar más de 13 kg de cocaína en los tubos de un ala delta.

El gobierno de Indonesia negó en dos ocasiones el pedido de clemencia del brasileño, el último en diciembre de 2014, y será ejecutado el domingo junto a otros cinco condenados de Malawi, Vietnam, Nigeria e Indonesia. Son los primeros fusilados bajo el gobierno del presidente Joko Widodo.

En tanto, Rodrigo Muxfeldt Gularte (42), también preso desde hace diez años por ingresar cocaína al país, será ejecutado en febrero, según publicó el diario Folha de Sao Paulo esta semana.

La legislación indonesia en materia de narcotráfico es una de las más severas del mundo. Es un delito castigado con la pena de muerte o la prisión perpetua.