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Suprema rechaza indemnización a comerciantes por saqueos post terremoto en Talcahuano y Lota
Publicado por: Poder Judicial
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La Corte Suprema rechaz√≥ dos demandas presentadas por grupos de peque√Īos comerciantes de Talcahuano y Lota en contra del Fisco por la responsabilidad del Estado en los saqueos ocurridos despu√©s del terremoto del 27 de febrero de 2010.

En fallos unánimes los ministros de la Tercera Sala integrada por los ministros Pedro Pierry, Haroldo Brito, Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval y el abogado integrante Emilio Pfeffer rechazaron recursos de casación en contra de sentencias del Tercer y Primer Juzgado Civil de Concepción, respectivamente, que desestimaron las demandas interpuestas por 9 comerciantes de Talcahuano y 13 comerciantes de Lota cuyos locales resultaron destruidos por vandalismo luego del terremoto.

Ambos fallos consideran que la determinaci√≥n de los estados de excepci√≥n constitucional es una facultad propia del Presidente (a) de la Rep√ļblica y que no se encuentra sujeta al control de los tribunales de justicia.

‚ÄúQue sin perjuicio de los raciocinios precedentes, esta Corte estima que la declaraci√≥n de la Regi√≥n del B√≠o B√≠o como zona afectada por el sismo con caracter√≠sticas de terremoto el mismo d√≠a 27 de febrero de 2010 se inscribe, al igual que la declaraci√≥n del estado de excepci√≥n constitucional de cat√°strofe, en el √°mbito de las atribuciones exclusivas del Presidente de la Rep√ļblica; que se trata de prerrogativas de gobierno o pol√≠ticas y que por tal consideraci√≥n no pueden quedar las mismas sujetas al control judicial en cuanto al m√©rito u oportunidad en que han debido ser ejercidas.

La decisi√≥n, entonces, de declarar por medio del decreto supremo respectivo a las zonas de Valpara√≠so, del Libertador Bernardo O¬īHiggins, del Maule, del B√≠o B√≠o, de la Araucan√≠a y Metropolitana como afectadas por la cat√°strofe derivada de un sismo con caracter√≠sticas de terremoto importa el ejercicio de una atribuci√≥n exclusiva y privativa de la autoridad pol√≠tica que escapa al control jurisdiccional.

Admitir que una decisión tal, en esencia un acto político o de gobierno, no justiciable, pueda ser evaluado en su mérito por la judicatura trastoca el principio de separación de funciones desde que abre cauce a un control en sede jurisdiccional que la Constitución Política entrega explícitamente a órganos políticos.

Ponderar si deb√≠a declararse zona de cat√°strofe a alguna regi√≥n del pa√≠s en ejercicio de las facultades que al Presidente de la Rep√ļblica le otorga la Ley N¬ļ 16.282, si una declaraci√≥n tal fue tard√≠a o si deb√≠a o no convocarse a las Fuerzas Armadas es una atribuci√≥n privativa y excluyente del Ejecutivo que la judicatura no puede subrogar. Y tal es precisamente lo que ocurrir√≠a si esta Corte Suprema se avoca a esas determinaciones que en nuestra institucionalidad quedan sujetas, ya se dijo, al control pol√≠tico‚ÄĚ, dice el fallo.

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