La Policía de Investigaciones comenzó la investigación por la denuncia de la grabación no autorizada, que afectó a un dirigente de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, cuando sostenía una reunión dentro de la repartición en la región de Los Ríos.
La causa quedó asignada a la fiscal María Consuelo Oliva, por la denuncia de una grabación entre el ex jefe del departamento regional de la Seremi de Desarrollo Social, Alfredo Romero, y el dirigente nacional Nelson Soto, donde se le manifestaba la necesidad de que participara con otros asociados en los denominados “Gobierno En Terreno”.
El registro quedó al descubierto hace unas semanas, cuando en la repartición hacían cambio de computadores, lo que motivó hacer la denuncia y perseguir alguna presunta responsabilidad penal, luego que la fiscalía decretara una orden de investigar el hecho.
Soto se mostró conforme para indagar el caso, esperando que se encuentre al o los responsable de dicha grabación, la que a su juicio es ilegal.
El presidente de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, Pedro Gacitúa, espera que no sufra los retrasos que ha tenido el esclarecimiento del caso del “Lápiz Espía”, cuando una funcionaria del Gobierno Regional fue graba, según se denunció, por el Jefe de División de Administración y Finanzas, Ricardo Bohle.
Recordemos que la grabación se efectuó entre febrero y marzo del 2012, cuando el aún jefe de gabinete de Intendencia Peter Zippel, era seremi de Desarrollo Social.
El dirigente incluso piensa que el ministro saliente Bruno Baranda, también podría tener responsabilidad en este caso, al no enviar los antecedentes a fiscalía.
