El director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, Juan Eduardo Coeymans, compareció ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, constituida para indagar las irregularidades del Censo 2012.

Una sesión que resultó un poco compleja debido a la gran cantidad de interrogantes que tenían los parlamentarios, y las escuetas y confusas respuestas que entregó el director subrogante del Instituto Nacional de Estadísticas, Juan Eduardo Coeymans, lo que preocupó a los integrantes de la instancia parlamentaria.

Entre los temas que le fueron consultados se le pidió que aclarara los términos en los cuales están trabajando los expertos internacionales, Griffith Feeney, especialista en análisis demográfico, y el consultor estadístico Rajendra Sing que se encuentran analizando en Chile los datos del Censo 2012 y de quienes se dijo, en un principio, venían de parte del Banco Mundial y que pertenecían a la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat.

Juan Eduardo Coeymans aclaró que estos expertos están contratados de forma privada y que lo que resuelvan, será lo definitivo que acuerde el INE.

El economistas explicó que esto no significa que se esté “ninguneando” la decisión de la Comisión Revisora Externa que resolvió realizar una medición abreviada en 2015, pero que sí es una segunda opinión que se debe tomar.

A la par con el trabajo que desarrollan los expertos, personal interno del INE realiza un Plan de Reparación que pretende revisar de qué forma se pueden recuperar los datos del Censo 2012.

Por otro lado, y en sesiones anteriores, el director había manifestado no conocer a Juan Pablo Raide o a su hermano Maximiliano Raide. Éste último fue asesor del ex director del organismo, Francisco Labbé.

Sin embargo, durante la sesión de ayer el diputado Ramón Farías mostró un documento firmado por Coeymans el 4 de junio del presente año, donde se extiende un contrato de prestación de servicios a Juan Pablo Raide por cinco meses, por un monto de 10 millones de pesos.El punto es que a ambos hermanos se les ha ligado a una triangulación de dineros, ya que ninguno ha sido visto en las instalaciones del organismo.

Por otra parte, se le cuestionó la contratación de Raúl Chinchón, ex fiscal del INE, como abogado con función crítica -mayor sueldo para cargos de confianza- siendo que fue cuestionado porque en su cargo de fiscal no se habría percatado de las irregularidades al interior del INE durante el Censo 2012.

Todas las inconsistencias en sus declaraciones dejaron con una sensación preocupante a los integrantes de la Comisión Investigadora. Así lo evidenció el presidente de la instancia, el diputado DC Juan Carlos Latorre, quien advirtió que sus declaraciones confunden, lo que genera un problema para el Gobierno.

Una opinión similar tuvo el diputado PPD Ramón Farías, quien tiende a pensar que las razones para estas confusiones puedan ser las presiones para cubrir irregularidades dentro del INE o que lisa y llanamente no está informado de cómo funciona el INE.

Pese a que estaba invitado a la sesión de este lunes el ministro de Economía, Felix de Vicente, este se excusó de participar por un problema de agenda y tiempos. Sin embargo, ya está confirmada su participación en al sesión que se realizará hoy en el Congreso a las 15:30 horas.

Asimismo, el cuestionado ex jefe de gabinete de Pablo Longueira, Vicente Correa, también estaba invitado a la sesión, pero no ha confirmado su asistencia.

La ex asesora de la dirección nacional del INE, Mariela Alcérreca, aseguró que le informó a Correa sobre los problemas en el Censo, por lo menos en dos oportunidades, lo que para los integrantes de la Comisión hace imperante citarlo para que entregue sus descargos y realice las aclaraciones pertinentes.