Varios clientes industriales de Chilquinta y de tres distribuidoras del grupo CGE en el norte se habrían visto afectados por “redondeos” en los cobros de su consumo eléctrico, por lo que la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) llamó a refacturar y restituir los montos percibidos indebidamente.

La información, dada a conocer en una investigación del Centro de Investigación Periodística (Ciper), nace del caso de la Agrícola El Canelillo en Quillota, cuyo gerente general Luis Macchiavello habría descubierto durante una consultoría para lograr mayor eficiencia energética, que al menos durante los últimos cinco años le habían cobrado casi $500 mil pesos de más en la facturación.

Si bien desde la empresa aseguraron que se trata de montos pequeños, no consideran pertinente que se le realicen cobros “fuera de lo que establece la reglamentación vigente”. Hecho por el cual actualmente la SEC se encuentra investigando a todas las distribuidoras de electricidad en el país, en busca de determinar qué sistema de cálculo utilizan para aplicar los distintos tipos de tarifa eléctrica que fija la ley en la facturación de clientes industriales.

Cabe destacar que el caso de las empresas industriales es particular y no funciona como los clientes residenciales, a quienes se les cobra de acuerdo al medidor particular. A los clientes industriales, aquellos que consumen más de 2 mil kilowatts, se les realizan cobros diferenciados.

Esto significa que además de la energía mensual consumida, deben pagar un “peaje de distribución” por el transporte de electricidad que realiza, en este caso, Chilquinta. Este monto es variable y existen 10 tarifas que las industrias pueden elegir de acuerdo a sus necesidades. La base de este cobro sería la demanda máxima de potencia en horas punta.

Cada empresa distribuidora tiene sus propias fórmulas para calcular los cobros. El utilizado por Chilquinta fue el método del “redondeo”, es decir, cuando el consumo de kilowatts arrojaba decimales, se aproximaba el cobro al entero siguiente, facturando kilowatts de más que se acumularon en el tiempo.

Por esta razón, en agosto de 2011, Agrícola El Canelillo presentó un reclamo para que se le restituyera $444.465 pesos cobrados “erróneamente”. Ante lo que Chilquinta respondió que “históricamente se ha trabajado con números enteros”.

“Es del caso señalar que la SEC, en uso de su potestad normativa, no ha hecho referencia a cambios en la modalidad de aproximación. Además, actualmente no existen mecanismos legales que obliguen a la empresa a hacer una refacturación histórica por los montos cobrados”, indicó Viviana Urtubia Urbina, jefa de Calidad de Servicio y Gestión de Presentaciones de Chilquinta Energía.

Un año más tarde, y tras presentar la denuncia frente a la Superintendencia, ésta envió una ordenanza a la distribuidora para que refacturara sin aproximación de decimales de los consumos de la Agrícola El Canelillo.

Chilquinta volvió a asegurar que no existe ninguna ley u ordenanza que prohíba “el redondeo” de los cobros de demanda máxima de potencia, por lo que la compañía interpuso un recurso de reposición ante la SEC. El recurso no fue acogido y se insistió en refacturar los cobros.

Si bien la ley no prohíbe la aproximación a decimales, existen indicios legales que establecen que los concesionarios de distribución de electricidad son los responsables de la calidad del servicio, lo que cuenta la correcta medición y facturación de los servicios prestados.

“Corresponde que el precio que un usuario debe pagar esté directamente relacionado con lo que efectivamente haya consumido, ni un peso más ni un peso de menos, y por lo mismo, las empresas distribuidoras deben asegurarse de realizar correctamente sus procesos de medición y facturación”, dijo el superintendente de la SEC, Luis Ávila.

Cabe destacar que Chilquinta modificó su sistema de cobros a partir de diciembre de 2012, “con el objeto de aplicar un redondeo a un decimal” y eliminó de su sitio web los detalles de facturación de años anteriores.

Asimismo, la empresa de la Región de Valparaíso afirmó, a través de un comunicado de prensa, que “lo resuelto por la SEC no se encuentra ejecutoriado, existiendo recursos judiciales pendientes que la empresa ejercerá”.