El gobierno de Nicaragua autorizó al consorcio holandés Royal Haskoning-DHV y Ecorys a realizar estudios de prefactibilidad para la construcción de un canal interoceánico a través del río San Juan, limítrofe con Costa Rica, informó este jueves la cancillería.

“Los estudios tienen un costo de 720.000 dólares, con una duración de seis meses y medio para determinar la viabilidad de la ruta del río San Juan”, señaló la cancillería en una nota de prensa.

El acuerdo fue firmado el miércoles entre el recién nombrado ministro presidente para la Autoridad del gran canal, el vicecanciller Manuel Coronel Kautz, y los consultores holandeses Henry Opdam, León Lammers y Enric Van Drunen”, precisó la entidad.

Kautz dijo a la prensa que los fondos para el estudio de factibilidad fueron donados por Holanda y que escogieron al consorcio de ese país porque fue el que ofreció “el tiempo más corto” para hacerlo.

El Congreso aprobó el 4 de julio pasado la ley para la construcción de un canal Interoceánico a través de seis posibles rutas, de las cuales cinco ya fueron estudiados por gobiernos anteriores cuando intentaron promover el proyecto.

Según la cancillería, la única ruta que falta evaluar es la del río San Juan de 200 km de longitud, que nace en el lago Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua, al sur del país, y desemboca en el mar Caribe.

Este estudio “permitirá a la Autoridad del Canal tomar una decisión final sobre la ruta” que se utilizará para impulsar este ambicioso proyecto, subrayó cancillería.

Aunque de soberanía nicaragüense, el río San Juan marca la frontera con Costa Rica, por lo que su margen derecha es territorio costarricense y las autoridades de San José han advertido que un proyecto de tal magnitud no se puede desarrollar sin contar con el aval de Costa Rica, de conformidad con los tratados limítrofes vigentes.

“Nos debe importar un comino” lo que diga Costa Rica “porque no tienen ningún derecho de alterar nuestra decisión soberana de utilizar el río San Juan para un proyecto en el cual ellos no tienen ninguna injerencia”, dijo recientemente a la televisión local Jaime Incer, asesor del gobierno nicaragüense en temas ambientales.

La iniciativa, lanzada en junio pasado por el presidente Daniel Ortega, busca abrir una ruta alternativa al Canal de Panamá y propiciar el desarrollo del país, uno de los más pobres del hemisferio.

El proyecto establece que el estado nicaragüense será dueño del 51% de las acciones del canal y que el resto quedará en manos de las compañías que financien la obra, que el gobierno estima llevará 10 años y requerirá una inversión de 30.000 millones de dólares.

El gobierno informó en junio que Rusia, China, Brasil, Venezuela, Japón, y Corea del Sur, han expresado interés en financiar el proyecto.