La multitudinaria protesta el martes en Montreal muestra que al aprobar una ley contra la libertad de manifestar, el gobierno de Quebec puso en su contra a una mayor parte de la opinión pública, que le lanza ahora quejas ya no sólo vinculadas con el costo de la enseñaza.

“La gente se une a los estudiantes porque (el primer ministro de Quebec Jean) Charest se pasó de rosca”, dijo a la AFP el sociólogo de la Universidad de Montreal, Jacques Hamel. “Una amenaza acecha los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de asociación”, agrega.

Su colega Marcos Ancelovici, especialista en juventud y movimientos sociales en la Universidad McGill, comparte su punto de vista. “El gobierno se pegó un tiro en su propio pie” al hacer que se aprobara el viernes en el Parlamento de la provincia una ley que restringe la libertad de manifestar, opina.

Al inicio del conflicto, el gobierno de Charest, muy impopular tras nueve años en el poder, esperaba recobrar fuerza gracias a una mayoría que aprobaba su posición firme sobre el aumento de los costos de escolaridad. Pero, con el prolongamiento del conflicto, endureció el tono y su popularidad empezó a caer.

“Hoy, incluso quienes estaban a favor del aumento de los derechos (costos de matrículas y mensualidades para universitarios) ven que la ley especial es contraproducente y que hizo crecer la movilización” en su contra, subraya Ancelovici.

El universitario ve en el “empecinamiento” del gobierno de centro derecha “una cuestión de ego y de orgullo”, estimando que el poder había apostado a un “agotamiento del movimiento estudiantil, lo que no fue en absoluto el caso”, cerca de cuatro meses después del inicio del conflicto.

¿Influencias de sus “primos franceses”?

Son, en definitiva, un conjunto de factores los que ponen en jaque al gobierno.

Por un lado, para Hamel, Quebec –provincia tradicionalmente más de izquierda que otras en Canadá– podría esforzarse más en esa dirección.

“Tal vez estemos imitando a nuestros primos franceses, sentimos que los vientos cambian. El gobierno subestimó que su discurso neoliberal esté perdiendo velocidad y que su visión del Estado se haya quedado sin aliento”, opina.

A ello se suman, según el sociólogo, sospechas de corrupción y financiamientos políticos turbios, así como el descontento de ecologistas en cuanto a la explotación del gas de esquisto, el futuro de la única planta nuclear de la provincia y la explotación petrolera en el Golfo de San Lorenzo.

Pero un columnista del diario La Presse (de centroizquierda), Mario Roy, piensa que las protestas sólo son el resultado de una “izquierda descentrada, en realidad muy minoritaria, pero ardientemente militante, ruidosa, respaldada por élites populistas y populares”.

Los dos investigadores universitarios concuerdan en que una solución sólo puede obtenerse a través de negociaciones.

La ministra de Educación, Michelle Courchesne, reitera que las distintas vías de comunicación están abiertas. Las organizaciones estudiantiles también se declaran abiertas a negociar, pero una de ellas, la FEUQ, exige la anulación de la ley especial, una condición que el gobierno difícilmente acepte.

Ante el panorama, nadie se atreve a predecir el final del conflicto. “Como profesor, temo que esto dure todo el verano (boreal), hasta que se reanuden las clases en agosto”, expresó Hamel.