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Per√ļ: Documental reabre caso de esterilizaciones forzadas en gobierno de Fujimori
Publicado por: Agencia AFP
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“Me amarraron y me cortaron aqu√≠”, dice se√Īalando a su bajo vientre Micaela Flores, una de las miles de peruanas v√≠ctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, en un oscuro episodio de Per√ļ que rescata un documental presentado esta semana en Lima.

En 1996, durante el segundo gobierno de Fujimori, se puso en marcha un programa de salud reproductiva y planificaci√≥n familiar que inclu√≠a intervenciones de ligadura de trompas de √ļltero en teor√≠a voluntarias, una pol√≠tica en la que el mandatario confiaba para frenar la natalidad y fomentar el desarrollo del pa√≠s.

Con el tiempo comenzaron a aparecer las primeras denuncias que se√Īalaban que las esterilizaciones se estaban realizando en condiciones precarias y sin el consentimiento de las pacientes, la mayor√≠a mujeres campesinas de estratos pobres, bajo amenazas, enga√Īos y ofrecimiento de alimentos.

“Los m√©dicos iban a las casas y les dec√≠an a las mujeres que ten√≠an que hacerse controlar, que el presidente las iba a asegurar, que les iba a dar comida mensual, a pagar la educaci√≥n. Si se negaban, las amenazaban y hasta las secuestraban”, explica a AFP la parlamentaria andina Hilaria Supa, que participa en el documental, “Las cicatriz de Paulina”, de Manuel Legarda.

“En Mollepata (sureste del Per√ļ), los m√©dicos encerraron a diez mujeres en un cuarto de la posta (peque√Īos centros de salud en zonas marginales) y no las dejaron salir hasta que fueran operadas”, dijo Supa, quien record√≥ que el programa de planificaci√≥n familiar tuvo financiaci√≥n “del Banco Mundial, Estados Unidos y Jap√≥n”.

Supa, figura notoria de la lucha por los derechos de los ind√≠genas, detall√≥ que “a muchas las dorm√≠an” y que “cuando se despertaban sus barrigas ya estaban cortadas y no sab√≠an lo que les hab√≠a pasado”.

Es el caso de Micaela Flores, que estaba un día de 1996 en su chacra de Anta (sureste), una de las zonas más desfavorecidas del país, cuando fue una enfermera a buscarla para llevarla al centro de salud a hacerse el control.

“Me metieron en un cuarto con otras mujeres. Escuch√© a una mujer gritar mucho, la cortaron en carne viva, hasta que se desmay√≥”, explica Flores a la AFP. “Intent√© escapar, pero la puerta estaba cerrada con candado”, dice la mujer, que en esa √©poca ten√≠a 38 a√Īos y seis hijos.

Entonces, seg√ļn cuenta, dos doctores la agarraron y la llevaron a una sala interior. “Les dije que yo no quer√≠a operarme, que luego no servir√≠a para nada, pero ellos me dec√≠an ‘Nada, no es nada’ y me tumbaron”.

Otras denuncias se√Īalaban que a determinados centros de salud se les exig√≠a el cumplimiento de cuotas de esterilizaciones, una versi√≥n confirmada a la AFP por Max C√°rdenas, que en 1998 ejerc√≠a de decano del Colegio M√©dico de Per√ļ.

“A los m√©dicos que se negaban se les amenazaba con ser despedidos. Se pon√≠an metas num√©ricas de mujeres esterilizadas, se premiaba a los que las cumpl√≠an y a los que no lo hac√≠an se les presionaba”, agrega.

Los médicos no contaban muchas veces con el consentimiento formal de la paciente, e incluso se detectaron formularios mal rellenados y con falta de información adaptada a la población analfabeta y en lengua indígena (quechua y aymara).

Seg√ļn datos oficiales, fueron 300.000 las mujeres sometidas a la operaci√≥n y m√°s de 2.000 de ellas presentaron una denuncia formal e incluso hay registrados 18 casos de mujeres fallecidas durante o despu√©s de las operaciones.

Pero el entonces ministro de Salud y hoy congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, rechazaba y sigue rechazando las acusaciones, y sostiene que los posibles abusos en el programa fueron casos aislados y no directrices dictadas desde su ministerio.

“S√≠ ha habido fallas, no lo negamos, ha habido fallas en casos espor√°dicos que se han judicializado en su momento por acci√≥n individual, profesional y personal de algunos, pero que no llegan al centenar de casos”, dijo meses atr√°s a la prensa local.

A√Īos despu√©s de la ca√≠da de Fujimori y su renuncia v√≠a fax desde Jap√≥n en el 2000, tres ministros fueron denunciados en el Congreso por delitos de lesa humanidad, pero sus casos quedaron archivados en la Fiscal√≠a en 2009.

Sin embargo, tras las condenas de la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la impunidad en que permanecen las esterilizaciones forzadas en Per√ļ, la Fiscal√≠a decidi√≥ reabrir el caso el pasado mes de octubre.

Seg√ļn la congresista andina sus denuncias no son contra la planificaci√≥n familiar sino contra el modo arbitrario de ejecutarla, y que es el Estado y no los m√©dicos quien tiene que responder y reparar las secuelas f√≠sicas, mentales y sociales que arrastran desde entonces las afectadas.

Durante la campa√Īa electoral de 2011 el tema de las esterilizaciones forzadas fue motivo de cr√≠tica por parte del ahora presidente Ollanta Humala a su contrincante Keiko Fujimori, quien era Primera Dama en el gobierno de su padre, Alberto.

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