“Me amarraron y me cortaron aquí”, dice señalando a su bajo vientre Micaela Flores, una de las miles de peruanas víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, en un oscuro episodio de Perú que rescata un documental presentado esta semana en Lima.
En 1996, durante el segundo gobierno de Fujimori, se puso en marcha un programa de salud reproductiva y planificación familiar que incluía intervenciones de ligadura de trompas de últero en teoría voluntarias, una política en la que el mandatario confiaba para frenar la natalidad y fomentar el desarrollo del país.
Con el tiempo comenzaron a aparecer las primeras denuncias que señalaban que las esterilizaciones se estaban realizando en condiciones precarias y sin el consentimiento de las pacientes, la mayoría mujeres campesinas de estratos pobres, bajo amenazas, engaños y ofrecimiento de alimentos.
“Los médicos iban a las casas y les decían a las mujeres que tenían que hacerse controlar, que el presidente las iba a asegurar, que les iba a dar comida mensual, a pagar la educación. Si se negaban, las amenazaban y hasta las secuestraban”, explica a AFP la parlamentaria andina Hilaria Supa, que participa en el documental, “Las cicatriz de Paulina”, de Manuel Legarda.
“En Mollepata (sureste del Perú), los médicos encerraron a diez mujeres en un cuarto de la posta (pequeños centros de salud en zonas marginales) y no las dejaron salir hasta que fueran operadas”, dijo Supa, quien recordó que el programa de planificación familiar tuvo financiación “del Banco Mundial, Estados Unidos y Japón”.
Supa, figura notoria de la lucha por los derechos de los indígenas, detalló que “a muchas las dormían” y que “cuando se despertaban sus barrigas ya estaban cortadas y no sabían lo que les había pasado”.
Es el caso de Micaela Flores, que estaba un día de 1996 en su chacra de Anta (sureste), una de las zonas más desfavorecidas del país, cuando fue una enfermera a buscarla para llevarla al centro de salud a hacerse el control.
“Me metieron en un cuarto con otras mujeres. Escuché a una mujer gritar mucho, la cortaron en carne viva, hasta que se desmayó”, explica Flores a la AFP. “Intenté escapar, pero la puerta estaba cerrada con candado”, dice la mujer, que en esa época tenía 38 años y seis hijos.
Entonces, según cuenta, dos doctores la agarraron y la llevaron a una sala interior. “Les dije que yo no quería operarme, que luego no serviría para nada, pero ellos me decían ‘Nada, no es nada’ y me tumbaron”.
Otras denuncias señalaban que a determinados centros de salud se les exigía el cumplimiento de cuotas de esterilizaciones, una versión confirmada a la AFP por Max Cárdenas, que en 1998 ejercía de decano del Colegio Médico de Perú.
“A los médicos que se negaban se les amenazaba con ser despedidos. Se ponían metas numéricas de mujeres esterilizadas, se premiaba a los que las cumplían y a los que no lo hacían se les presionaba”, agrega.
Los médicos no contaban muchas veces con el consentimiento formal de la paciente, e incluso se detectaron formularios mal rellenados y con falta de información adaptada a la población analfabeta y en lengua indígena (quechua y aymara).
Según datos oficiales, fueron 300.000 las mujeres sometidas a la operación y más de 2.000 de ellas presentaron una denuncia formal e incluso hay registrados 18 casos de mujeres fallecidas durante o después de las operaciones.
Pero el entonces ministro de Salud y hoy congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, rechazaba y sigue rechazando las acusaciones, y sostiene que los posibles abusos en el programa fueron casos aislados y no directrices dictadas desde su ministerio.
“Sí ha habido fallas, no lo negamos, ha habido fallas en casos esporádicos que se han judicializado en su momento por acción individual, profesional y personal de algunos, pero que no llegan al centenar de casos”, dijo meses atrás a la prensa local.
Años después de la caída de Fujimori y su renuncia vía fax desde Japón en el 2000, tres ministros fueron denunciados en el Congreso por delitos de lesa humanidad, pero sus casos quedaron archivados en la Fiscalía en 2009.
Sin embargo, tras las condenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la impunidad en que permanecen las esterilizaciones forzadas en Perú, la Fiscalía decidió reabrir el caso el pasado mes de octubre.
Según la congresista andina sus denuncias no son contra la planificación familiar sino contra el modo arbitrario de ejecutarla, y que es el Estado y no los médicos quien tiene que responder y reparar las secuelas físicas, mentales y sociales que arrastran desde entonces las afectadas.
Durante la campaña electoral de 2011 el tema de las esterilizaciones forzadas fue motivo de crítica por parte del ahora presidente Ollanta Humala a su contrincante Keiko Fujimori, quien era Primera Dama en el gobierno de su padre, Alberto.
