La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) denunció este jueves “violaciones de los derechos humanos” con trabajadores marroquíes en el cultivo de fresas en Huelva, en el sur de España, uno de los principales productores del mundo.

Esta ciudad andaluza “donde se cultiva la fresa de manera intensiva, destinada a la exportación precoz hacia los mercados europeos, atrae durante algunos meses del año a una abundante mano de obra temporal (más de 50.000 personas), constituida mayoritariamente por trabajadoras inmigrantes”, explica la FIDH en un informe.

En un momento en que España registra un desempleo del 21,52%, un récord entre los países industrializados, el cultivo de fresas sigue siendo “un sector poco atractivo para los trabajadores”, destaca la federación, por lo cual se recurre a extranjeros.

Por esa razón “el gobierno español ha adoptado el sistema de la contratación en origen”, contratando “en sus países de origen a miles de personas que son transportadas y luego repartidas entre las plantaciones”.

“Los trabajadores se comprometen a regresar a su país al término de su contrato”, denuncia la federación.

“A partir del ingreso de Polonia, Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, que ofrece a los trabajadores de estos países la libertad de circulación, la contratación en origen afecta solamente a trabajadoras marroquíes”, destacó FIDH.

Estos últimos son cuidadosamente seleccionados: “los criterios para la selección en Marruecos – mujeres casadas y con hijos a cargo – deben supuestamente garantizar que regresen a su país y prevenir que intenten prolongar su estancia en suelo europeo”, condenó.

Una vez en España, estos inmigrantes se encuentran ante “un marco jurídico poco protector (…) en el cual los días no trabajados no se remuneran y la representación sindical de estos trabajadores resulta casi imposible”, afirma la federación, que insiste en que “este sistema de migración circular induce a la vulneración de los derechos de los trabajadores que son totalmente dependientes de su empleador”.

La FIDH pide al gobierno español que otorgue permisos de residencia permanentes a estos trabajadores y mejore su protección, pero se dirige también a las autoridades marroquíes para exigirles que pongan “fin a los criterios discriminatorios durante la contratación”.