Una primera negociación que involucra al gobierno peruano para buscar soluciones a la pugna entre directivos del megaproyecto aurífero de Conga y autoridades locales de la norteña región de Cajamarca que se oponen al mismo, terminó este lunes en un impasse.

Tras dos horas de reunión en la ciudad de Cajamarca (850 km al noreste de Lima), el primer ministro Oscar Valdés firmó un documento en que se fijaban fechas para dos nuevas reuniones donde se trataría un peritaje internacional que propuso el Ejcutivo para solucionar este tema.

Luego de estampar su firma en un acto público, difundido por TV Perú, televisora oficial del Estado, Valdés invitó al presidente regional Gregorio Santos para que hiciera lo mismo, pero éste se negó.

Incómodo y en un ambiente de tensión, el primer ministro, dirigiéndose a Santos, le dijo: “Ya habíamos acordado firmar el documento, estamos entre caballeros”.

“Si no desea firmar, discúlpeme, pero esta reunión no tiene por qué seguir. Ya será responsable usted y no yo”, añadió molesto.

Santos se mantuvo en silencio, pero posteriormente señaló que la reunión fue “excluyente”, porque el primer ministro no permitió el ingreso de representantes de las organizaciones sociales y de las comunidades de base “con el pretexto de que no quería escuchar a dirigentes políticos a quienes llama agitadores”.

“Nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando, pero cuando escuchen la voz de todos los cajamarquinos; el premier ha violado los principios elementales de diálogo”, dijo a la emisora RPP.

El acta que provocó el impasse, entregada a la prensa por la Presidencia del Consejo de Ministros, convoca para el 27 de este mes en Lima a las autoridades y equipos técnicos de la Región de Cajamarca, para tratar “los temas técnicos y jurídicos del peritaje internacional del proyecto minero Conga”.

En el segundo punto, se acuerda continuar con la Mesa de Trabajo prevista para el 13 de enero del 2012, y se cita a los autoridades de la región en la ciudad de Cajamarca.

El conflicto es en torno al proyecto del gigante minero estadounidense Newmont, que prevé invertir 4.800 millones de dólares para extraer unas 320 toneladas de oro por año.

Con la consigna de “agua sí, oro no”, las autoridades de Cajamarca se oponen al proyecto porque temen que su ejecución destruya sus fuentes de agua con el secado de cuatro lagunas, necesarias para las labores agrícolas y ganaderas de la región.

Newmont señala, sin embargo, que se hará un trasvase de aguas a cuatro reservorios, pero la población cajamarquina desconfía de ese método.

En la otra orilla, el gobierno trata de convencer a los cajamarquinos de que es posible desarrollar Conga y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente y las fuentes de agua mediante una “minería responsable” y aplicando medidas correctivas al proyecto.

Newmont señaló en un comunicado de prensa hace unos días que “los impactos social y ambiental están basados en estudios que se hicieron durante 13 años y fueron realizados por firmas respetadas y reconocidas internacionalmente”.

Para zanjar el asunto, el gobierno del presidente Ollanta Humala ha propuesto que el proyecto minero sea sometido a un peritaje internacional, idea que en principio ha sido aceptada por los dirigentes de Cajamarca a condición de que esa entidad no sea el Banco Mundial, del que desconfían.

Para expresar su rechazo al proyecto de Conga, Cajamarca inició el 24 de noviembre una huelga que se prolongó por once días, con bloqueo de rutas, lo que obligó al gobierno a decretar el estado de emergencia con la participación del ejército en apoyo a la policía.

La emergencia que debía durar 60 días fue suspendida el viernes último para facilitar el reinicio del diálogo.

Este caso es decisivo para el gobierno de Humala, pues la manera como se resuelva será el modelo a seguir en varios puntos de conflicto a lo largo del país, en los que se enfrentan las empresas extractivas con comunidades locales.