La comisión de investigación independiente anunció el miércoles no haber encontrado pruebas de una implicación de Irán en el movimiento de protesta que sacudió a Bahréin en febrero y marzo, ni de abusos de la intervención de una fuerza conjunta de las monarquías del Golfo.
Pero al mismo tiempo, la Comisión denunció un “uso excesivo e injustificado de la fuerza “por parte de la policía de Bahréin”, y la práctica “deliberada” de “la tortura” contra las personas detenidas.
“Las pruebas presentadas (…) no han demostrado un vínculo claro entre los acontecimientos en Bahréin y un papel de Irán”, declaró el presidente de la comisión, el jurista Sherif Basiuni, en su informe sobre la represión de las protestas publicado este miércoles.
La comisión indicó que 35 personas -30 civiles y 5 miembros de las fuerzas de seguridad- habían muerto durante los disturbios que se produjeron en el pequeño reino del Golfo desde mediados de febrero hasta mediados de marzo.
Las relaciones entre Manama y Teherán se deterioraron desde la represión en marzo por la dinastía sunita de los Al Jalifa, en el poder en Bahréin, de la contestación organizada por los chiitas, mayoritarios tanto en el país como en Irán.
Teherán criticó enérgicamente el despliegue en Bahréin de la fuerza conjunta de las monarquías del Golfo, sobre todo de los saudíes, que prestaron apoyo a las fuerzas de Bahréin para aplastar el movimiento de contestación.
La comisión declaró al respecto que la tropas del Golfo no habían cometido ningún abuso.
“La comisión no obtuvo ninguna prueba de violación de los derechos humanos vinculada a la presencia de unidades de la fuerza del ‘Escudo de la Península’ desplegadas desde el 14 de marzo en Bahréin, declaró Basiuni.
Por su parte, el gobierno declaró acoger “favorablemente los resultados de la investigación de la Comisión independiente y reconoce sus críticas”, según un comunicado oficial publicado tras conocerse las conclusiones.
La comisión fue constituida a fines de junio por el rey Hamad Ben Isa Al Jalifa para aclarar la represión del movimiento de protesta.
La comisión está compuesta por cinco juristas de renombre y presidida por Basiuni, experto en legislación internacional y derechos humanos.
