Las dos entidades más representativas de la comunidad judía argentina rechazaron oficialmente en un comunicado este viernes la cooperación ofrecida por Irán para el esclarecimiento del atentado a la mutual judía AMIA que dejó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires.
“Las declaraciones del gobierno iraní sobre su voluntad de dialogar con el gobierno argentino para lograr el esclarecimiento del atentado terrorista cometido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, no resultan creíbles”, sostiene el parte.
El gobierno iraní se manifestó el sábado dispuesto a “un diálogo constructivo” y a “cooperar con el gobierno argentino para que se haga la luz” en torno al atentado perpetrado hace 17 años.
Las entidades judías consideraron además que “el ofrecimiento al diálogo no tiene otro objetivo que tratar de romper la presión y el aislamiento internacional que genera la cúpula iraní con su complicidad con la impunidad, frente a la masacre de 85 personas”.
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que reunen el grueso de los 300.000 judíos que viven en el país, exhortan al gobierno a seguir con las causas judiciales y mantener el pedido de captura de ocho altos funcionarios iraníes.
En cambio, la organización Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado se diferenció de la dirigencia comunitaria y se mostró abierta a un diálogo que no involucre acuerdos políticos o económicos.
“Frente a este ofrecimiento realizado por Irán decidimos seguir apostando a la justicia como único camino para castigar a los responsables del atentado y es por eso que esperamos que este diálogo sirva para que en nuestro país o en un tercer país finalmente se haga justicia”, señaló un comunicado.
Los familiares aludieron a la propuesta hecha por la presidenta Cristina Kirchner ante la Asamblea de la ONU para que los responsables sean juzgados en un tercer país.
Los familiares manifestaron su desconfianza en el gobierno de Teherán y advirtieron que el diálogo “debe estar centrado sólo a este fin, sin ningún tipo de acuerdo económico o político como parte del compromiso al que se arribe”.
El canciller Héctor Timerman calificó de “positiva e inédita” la propuesta iraní y reveló que está siendo analizada por expertos legales de su ministerio.
Ocho ex altos funcionarios iraníes figuran entre los imputados en el ataque, todos ellos con orden de captura internacional avalada por Interpol, entre ellos el ex presidente Alí Rafsanjani (1989-1997), el ex canciller Alí Akbar Velayati y el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi.
