El presidente uruguayo José Mujica firmó en la noche del jueves un decreto que habilita la reapertura de cerca de 80 investigaciones sobre crímenes en la dictadura, informó la Presidencia en su página web.

La resolución sostiene que se revocan por “razones de legitimidad” todos los actos administrativos y mensajes emanados del Poder Ejecutivo que habían considerado que los hechos denunciados estaban amparados por la denominada ley de Caducidad.

Esta ley, aprobada en 1986, obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos ocurridos durante la dictadura (1973-1985) puede investigar.

La decisión del mandatario -que había sido anunciada el lunes por el gobierno- “establece que el Estado fue objeto de sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH), indica el comunicado de Presidencia.

“En ese sentido, se resuelve declarar a los hechos denunciados fuera de las disposiciones del artículo 1 de dicha Ley”.

La Ley de Caducidad fue aprobada un año y medio después de otra ley que amnistió a los presos y perseguidos políticos, cuando la Justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Durante 20 años, los gobiernos de partidos tradicionales rechazaron todas las solicitudes presentadas, hasta que en 2005, con la llegada del izquierdista Frente Amplio (FA) al poder, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios.

La decisión gubernamental ocurre cuando se cumplieron este mes 38 años del golpe de Estado de 1973 y un mes después que el gobernante Frente Amplio fracasara en su intento legislativo de anular la Ley de Caducidad debido a la rebeldía de un diputado oficialista, que no le permitió sumar los votos necesarios.

La ciudadanía fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la Ley, en plebiscitos que no alcanzaron los votos necesarios para anularla.