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Protestas sociales antimineras en Per√ļ ponen en jaque al gobierno saliente
Publicado por: Agencia AFP
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La revocaci√≥n de la concesi√≥n a una minera canadiense y el cese de esa actividad en Puno, sureste de Per√ļ, que puso fin a protestas que el viernes dejaron cinco muertos, gener√≥ preocupaci√≥n entre empresarios, para quienes esas decisiones se debieron a un gobierno acorralado.

El gobierno saliente peruano promulgó el sábado cinco leyes, entre ellas la revocatoria de la concesión a la minera canadiense Bear Creek, que había solicitado autorización para adquirir siete derechos mineros en la zona de frontera con Bolivia.

Las leyes fueron publicadas en la gaceta oficial El Peruano y recogen en lo esencial los reclamos de los manifestantes de la etnia aymara de Puno, en la frontera con Bolivia, y de campesinos quechuas al norte de esa región peruana.

La primer ministra Rosario Fernández defendió el sábado el proceder del gobierno y afirmó que las nuevas normas fueron fruto de un diálogo con los campesinos de Puno.

Las nuevas leyes deberían contribuir a apagar el incendio social en esa región pobre del país, que vive principalmente de la agricultura y donde la protesta antiminera dejó cinco campesinos muertos el viernes tras intentar tomar el aeropuerto de Juliaca.

Fern√°ndez justific√≥ el retiro del permiso a Bear Creek porque “el gobierno detect√≥ que la persona natural que formul√≥ el petitorio minero en su momento no revel√≥ que tambi√©n era apoderado de la compa√Ī√≠a canadiense”.

“No se trata ni de una indiferencia del Ejecutivo ni tampoco de una reacci√≥n lenta del Ejecutivo, la reacci√≥n ha sido oportuna”, enfatiz√≥ en declaraciones a la radio RPP.

“Tenemos un encargo legal de ejercer autoridad de gobierno hasta el 28 de julio y as√≠ lo vamos a hacer”, dijo Fern√°ndez, quien es tambi√©n ministra de Justicia, al desestimar versiones de una supuesta par√°lisis del gobierno, que a fines del mes pr√≥ximo entregar√° el poder al presidente electo Ollanta Humala.

La sensaci√≥n en medios empresariales, sin embargo, es que las medidas no son una buena se√Īal para el mercado y fueron tomadas por un gobierno acorralado que desea llegar r√°pido al cambio de gobierno.

El presidente de Alan Garc√≠a entregar√° el poder a Humala, un nacionalista de izquierda que ha anunciado nuevos impuestos para las compa√Ī√≠as mineras y que ha exhortado a una tregua social.

Los empresarios y exportadores peruanos han visto con mala cara la situaci√≥n: “Esta medida es una p√©sima se√Īal para los inversionistas”, dijo Alfonso Garc√≠a Mir√≥, presidente de Comex, gremio privado de los exportadores locales.

“Hemos pasado un momento pol√≠tico complicado y lo menos que podemos hacer es dar m√°s se√Īales que el Per√ļ est√° en contra de la inversi√≥n y √©sta es una de ellas”, acot√≥ el representante de Comex.

“Los revoltosos consiguieron lo que estaban buscando: muertos y heridos. Las cosas se han salido de control”, dijo de su lado el soci√≥logo y ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, citado por el diario Per√ļ21.

“El gobierno no debe ceder ante esta presi√≥n pues seguramente otros departamentos har√°n lo mismo y el Per√ļ se quedar√° sin miner√≠a”, advirti√≥ Rospigliosi.

La canadiense Bear Creek ten√≠a previsto invertir 71 millones de d√≥lares para producir cinco millones de onzas de plata en los siguientes cinco a√Īos en la mina Santa Ana, que tiene reservas de 63,2 millones de onzas de plata y est√° ubicada en la zona que obtuvo bajo concesi√≥n.

La cancelaci√≥n de este proyecto minero es el segundo en lo que va del a√Īo, luego que en abril protestas sociales de campesinos obligaron al gobierno a rechazar el proyecto cupr√≠fero T√≠a Mar√≠a, del grupo M√©xico.

Las protestas antimineras tienen como eje principal el temor a la contaminación de los ríos y aguas que sirven para sembrar tierras en el sur peruano, donde los campesinos viven en base a la agricultura.

Per√ļ es el segundo productor mundial de plata y cobre, adem√°s del sexto productor de oro.

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