La propuesta de una ley que obligaría a un receso de dos años en el laboreo agrícola para permitir que las áreas de cultivo recuperen su fertilidad, bajo la amenaza de cárcel, comenzó a generar polémica en Bolivia, según diversas reacciones conocidas este viernes.
El presidente de la Comisión de Tierra, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara Baja, Galo Silvestre, dijo que el objetivo de una futura ‘Ley de la madre tierra’ es que “la tierra no sea utilizada como mercancía”.
La propuesta del legislador oficialista chocó de inmediato con la oposición de sectores concernidos.
El asesor jurídico del directorio de Asociación de Productores de Oleaginosas, Fernando Asturizaga, declaró al diario La Prensa que la medida significará “dejar de producir” para dedicarse a “la importación de alimentos, pues ésa será la consecuencia inmediata”.
Mientras, el principal dirigente de los productores de coca de los Yungas, Ramiro Sánchez, sugirió que no cumplirán la norma. Si hubiesen penalidades para los productores que infrinjan la norma, entonces “los yungueños estaríamos yendo a la cárcel”, afirmó.
Otros sectores afines al gobierno, como el sindicato de campesinos (CSUTCB), consideraron que para que sea aplicable, la medida -a la que respaldan- debe tener en cuenta las diferencias ambientales entre las regiones.
“En el oriente, por el hecho de que hay más humedad, es posible cultivar no sólo una vez, sino hasta dos o tres veces por año, por lo que se puede trabajar continuamente; en cambio, en el altiplano que es totalmente seco, sólo se puede producir una vez al año”, dijo el dirigente campesino Roberto Coarite.
El anteproyecto de la Ley de la madre Tierra podría estar listo a fines de noviembre y eventualmente la propuesta sería presentada ante la cumbre medioambiental que se reunirá a fin de año en el balneario mexicano de Cancún.
