Tras 14 años de tramitaciones en tribunales, recién hay fallo en el llamado “Escándalo Bilbao”, donde cerca de 1 millar de familias de escasos recursos de la Región del Bío-Bío perdieron sus subsidios a manos de la empresa Inversiones Bilbao. El único condenado fue el socio principal de la empresa, Carlos Woerner Tapia.
El escándalo explotó en 1996, cuando desaparecieron los 1.700 millones de pesos que el Gobierno le entregó a 896 familias de escasos recursos para la construcción de sus viviendas sociales.
Este dinero fue adelantado por el Serviu a los socios de Inversiones Bilbao para la construcción de la casas, pero sin exigir las boletas de garantía, por lo que el dinero se esfumó.
La causa ha pasado en estos 14 años por cuatro ministros en visita, han existido ya tres fallos distintos, pero uno y otro error procesal ha obligado a regresar la investigación a sus etapas iniciales.
Tanto así que recién ahora ha salido nuevamente un fallo de primera instancia, dictado por el ministro César Pannes, quien sólo condenó al socio principal de la constructora, Carlos Woerner Tapia, a cuatro años en libertad por estafas reiteradas.
El otro socio Marcos Sepúlveda y los funcionarios del Serviu procesados fueron absueltos, incluido el entonces director de la entidad, Ignacio Soler, cuyo abogado, Ricardo Orellana, señaló ha debido sufrir años de privaciones por una acusación injusta.
La resolución puede ser apelada por los únicos querellantes en la causa, el Consorcio de Seguros que debió paliar la pérdida y el Consejo de Defensa del Estado.
