Una juez española ha citado a declarar a principios de octubre al representante legal de Google en España en relación con una denuncia presentada por la posible captación de datos de usuarios de internet durante la recogida de datos para su servicio “Street View”.
Google StreetView
La juez Raquel Fernandino ha decidido citar el próximo 4 de octubre al representante de Google para declarar sobre este caso, informó este lunes la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), promotora de la denuncia.
En su providencia, fechada el pasado 5 de agosto, la magistrada del juzgado de instrucción número 45 de Madrid se declara competente para examinar el caso, en el que supuestamente, Google habría recogido datos de usuarios conectados a redes Wi-Fi sin protección, que posteriormente se habrían almacenado, lo que podrían vulnerar la intimidad de las personas.
En este sentido, la magistrada ha solicitado a la policía española que le remita información sobre “los instrumentos utilizados para la captación de datos”, así como el destino de los mismos y el número de usuarios afectados.
La captación de estos datos habrían tenido lugar durante los recorridos que los coches equipados con cámaras de Google realizan por diferentes ciudades tomando fotos para su aplicación cartográfica “Street View”.
En su denuncia, APEDANICA remite a distintas informaciones publicadas por un diario español y la ONG Privacy International para asegurar que “el programa utilizado en los coches de Street View, que en apariencia sólo tomaban imágenes a pie de calle para ilustrar los mapas de la compañía, recogía el contenido que circulaba por las redes Wi-Fi no protegidas y procedía a su almacenaje”.
Google ya había reconocido hace meses en su blog corporativo que se produjo esta toma de datos, pero lo achacó a “un error”.
La directora de comunicación de Google España, Marisa Toro, afirmó este lunes al diario español El Mundo que la compañía colabora “en todos los países con las instituciones y autoridades judiciales para responder a cualquier pregunta que tengan”.
“Nuestro objetivo final es eliminar los datos de conformidad con nuestras obligaciones legales y en consulta con las autoridades competentes”, añadió Toro.
Esta supuesta toma de datos estaba siendo investigada también en España por la fiscalía de Guipúzcoa (País Vasco, norte de España), que cuenta con uno de los fiscales especializados en delitos informáticos.
Según esta investigación, los datos que habrían sido captados incluyen “paquetes de datos enviados por los usuarios, como correos electrónicos y contraseñas”, “direcciones IP asignadas por los operadores de telecomunicaciones” a sus usuarios o “el nombre de la red inalámbrica particular”, entre otros.
