La justicia civil ordenó al Insitituto de Normalización Previsional, INP, a pagar 20 millones de pesos para cada uno de los 10 exonerados políticos que interpusieron una demanda en el 24º Juzgado Civil de Santiago, que justamente fue el que dictó esta resolución.

Los demandantes recurrieron a los tribunales de justicia tras la negativa del INP a pagar los dineros aprobados por una ley no contributiva promulgada por el Congreso y Gobierno.

El abogado que lo representa, Jaime Figueroa Lovato, destacó que son muchas las trabas que enfrentan los exonerados políticos para hacer valer sus derechos.

El Instituto de Normalización Previsional tiene un plazo de 5 días para apelar a esta resolución.