Sus primeras consecuencias arrojó el sumario solicitado por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, en torno al caso de la menor Juanita Carey Moring, cuyo cuerpo, encontrado en Pichilemu luego del terremoto y posterior tsunami, fue enviado vía encomienda desde Rancagua a Santiago.

El fiscal administrativo Hernán Rojas, quien encabeza la investigación, decidió suspender de sus funciones al director subrogante de la entidad en Rancagua, Juan Díaz Menares, y a un tanatólogo.

La medida ya había sido solicitada por el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del SML, José Morales, que calificó de irregular la forma en que se produjo el traslado del cuerpo de la niña de la sexta región a la capital.

Morales explicó que el sistema de encomienda se utiliza en el servicio como protocolo para el traslado de muestras toxicológicas, osamentas o fósiles. Sin embargo en este caso, subrayó, se trataba de un fallecido que tiene carácter de tragedia.

Para el dirigente el procedimiento más lógico en este caso era el uso de un vehículo del SML para el traslado del cuerpo.

Frente a esta decisión, el suspendido jefe regional del Servicio Médico Legal, Juan Díaz Menares, reiteró que todo el procedimiento fue reglamentario.

Sin embargo, el gerente de asuntos públicos de la empresa Pullman Bus, José Silva, fue claro en que de acuerdo a la orden de despacho de la empresa, el envío de los restos de la niña tuvo un costo de $2.850 y la caja con cinta de embalaje en la que los trasladaron fue clasificada solo como un “bulto frágil”.

Si bien es parte del sumario, tanto el vocero de los trabajadores del SML como del representante de la empresa de transportes, coincidieron en que este error pudo generar un riesgo sanitario.