El temor debido a ataques y amenazas, principalmente en La Araucanía y el Bío Bío, motivó que, en busca de mayor seguridad, la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) presentara un petitorio a la Corte Suprema.
Precisamente son los jueces y funcionarios de este poder del Estado, los que temen por su integridad física, al punto de decidir teletrabajar para evitar riesgos.
Así lo expuso el presidente de la Aprajud, Patricio Aguilar, en entrevista con BioBioChile. En esa línea, se refirió a las situaciones que han debido enfrentar cuando ocurren juicios mediáticos que involucran a comuneros, lo que provoca -recordó- que algunas ciudades cierren sus servicios para evitar daños.
Este medio le consultó al profesional respecto a los casos donde funcionarios judiciales han sido sorprendidos cometiendo ilegalidades, como ayudas a narcobandas o incluso, almacenando armas de guerra. ¿Acaso ha permeado el crimen organizado en el Poder Judicial? Aguilar lo descarta, sin embargo, cree que las mafias “van a intentarlo”.
Temor e inseguridad
– ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen respecto a la seguridad que se presta a los jueces y funcionarios?
Esto es diverso respecto a la realidad a nivel nacional. Si tú me preguntas porque hay una sensación de riesgo permanente en la ciudadanía, particularmente en las zonas mapuches que están en conflicto, sí. Efectivamente, tenemos un diagnóstico de alta inseguridad y miedo respecto de jueces, funcionarios y profesionales que trabajan en el Poder Judicial en esa zona.
– ¿Conocen la situación de otras zonas?
Lamentablemente, debemos confirmar que esto ya se extendió a la zona de Los Ríos. Nosotros estuvimos conversando con nuestros colegas en Valdivia y ellos también están sintiendo esta sensación, de que se expande esta onda de violencia y que eventualmente podría alcanzarlos a ellos.
Por cierto, otras jurisdicciones también nos han preguntado y nos piden copia del protocolo de riesgo que hemos trabajado con la Corte Suprema para poder enfrentar -dentro de los tribunales- situaciones en las que pudiesen verse envueltos.
– ¿En el norte -pensando en la migración descontrolada que se puede ligar al aumento de crímenes- se ha sentido esta inseguridad?
O sea, claramente la situación migratoria desbordada en el norte grande, particularmente en Arica y Parinacota, está impactando también a la jurisdicción de Arica e Iquique, donde se ha visto aumentada enormemente la población flotante. Hay mucha gente que no tiene sus papeles regularizados, gente que duerme y vive en las calles y, eventualmente, en la jurisdicción, se ha visto un aumento en la criminalidad. Uno podría presumir que es producto de esta situación que se está viviendo, de descontrol fronterizo.
Uno podría llegar a presumir eso y, por cierto, también ha afectado, tanto la carga de trabajo en los tribunales, como también la sensación de inseguridad que se vive en esa zona producto del aumento de la criminalidad.
“Ya han sido objeto de ataques y amenazas”
– Más abocado a lo que son las comunidades cercanas a zonas mapuches, como usted dijo al principio, ¿en qué se refleja esta inseguridad? ¿Han recibido amenazas?
Nosotros a fines del mes de mayo hicimos una visita, durante una semana completa, a toda la jurisdicción de Concepción y posteriormente a la de Temuco. En esas jurisdicciones nosotros visitamos las comunidades más alejadas de la capital regional.
Por ejemplo, en Concepción, nosotros fuimos a Cañete, Lebu, Arauco… Fuimos a revisar cómo estaban los tribunales y en realidad, la sensación es de mucha inseguridad. Ahí en esa jurisdicción nos dimos cuenta de que han sufrido ataques de turbas en el tribunal. Los funcionarios y jueces sienten miedo en sus traslados, desde y hacia sus domicilios, cuando tienen que ir presencial al tribunal.
Cada vez que hay una audiencia de connotación pública prácticamente el pueblo cierra con cordones policiales, porque saben que después viene una manada de turba violenta. Misma situación que después vimos y constatamos cuando visitamos la jurisdicción de Temuco, porque nosotros fuimos a Victoria, Angol, Collipulli y a toda la jurisdicción de las comunidades que están más cerca de las mapuche, donde hay una gran sensación de inseguridad y miedo en los tribunales. Porque ya han sido objeto de ataques y amenazas.
Nosotros pudimos constatarlo e hicimos levantamiento en terreno y tenemos testimonios. Además informamos esto a la Corte Suprema, en un oficio muy completo, con las transcripciones y las entrevistas que hicimos.
– ¿Los ataques que usted menciona tienen que ver, quizás, con ataques incendiarios o piedrazos?
Mire, ya en algunas de las jurisdicciones que le nombré, han atacado a autoridades. Por ejemplo, a fiscales les atacaron sus casas. O sea, si atacan a una autoridad, ¿qué queda para que ataquen a un juez? Porque, de hecho, ya atacaron a un juez y le quemaron su casa. En esas jurisdicciones que le nombré han atacado con proyectiles, piedrazos, bombas molotov a los tribunales (y a) los vehículos particulares de personas que trabajan en los tribunales. Estamos hablando específicamente de ellos.
Entonces, ¿qué falta? ¿Que amenacen a las personas y a las familias que viven en las jurisdicciones? De verdad nosotros constatamos bastante temor en las personas.
Una de las cosas que nos llamó la atención es que muchos jueces se quedaban teletrabajando, por ejemplo, en el Gran Concepción -desde la capital regional- para no tener que trasladarse a esas jurisdicciones, para su resguardo. Pero nosotros creemos que eso es una solución bastante parcial porque, de acuerdo a la cosmovisión que tienen las comunidades mapuche, cuando ciertas audiencias se realizan, ellos van presencialmente y va toda la comunidad, en apoyo, al tribunal. Entonces no es suficiente quedarse teletrabajando, porque estas personas van igual y hacen todos sus disturbios.
– Ustedes cuentan con un petitorio, ¿actualmente hay medidas de seguridad o el petitorio parte de un mínimo que hoy no está garantizado?
No. Ya se han tomado varias medidas de seguridad por parte de nuestras autoridades del Poder Judicial, de la Corte Suprema, como también de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a propósito del levantamiento que empezamos a hacer y dimos cuenta al ministro don Arturo Prado Puga, que es el ministro supremo a cargo de este tema de la seguridad en Concepción.
Se han tomado algunas medidas para el resguardo material, físico, de la infraestructura del Poder Judicial, pero nuestro petitorio iba enfocado en el resguardo de las personas.
Crimen organizado y Poder Judicial: “Casos aislados”
– ¿En medio de este clima de inseguridad ha surgido desconfianza entre los propios jueces y funcionarios?
No, no, no. Ahí le digo categóricamente que no hay desconfianza. No hay ni desconfianza ni falta de interés de ir a trabajar o hacerse frente de la situación que les convoca, que es ayudar a la ciudadanía en temas de justicia. Nosotros estamos trabajando y vamos a seguir haciéndolo, porque es un servicio público que se debe a la ciudadanía. Por lo tanto, esto a nosotros no nos amilana, pero sí obviamente que nos genera sensación de inseguridad y temores.
– Lo mencionaba a propósito de la investigación en contra del exfuncionario Juan Pablo Pirce en Traiguén. Uno podría pensar que eso ha generado desconfianza, ¿se han tomado medidas para evitar que esto ocurra?
En el caso que usted me comenta, las responsabilidades son absolutamente individuales y personales. No se puede extrapolar esa situación a que efectivamente sea una situación generalizada o que estemos infiltrados en los tribunales con algo así. Para nada. Nosotros estamos convencidos de que el servicio público que nosotros prestamos sea un servicio eficiente, rápido, oportuno y carente de este tipo de acciones. Esto es una responsabilidad individual.
– ¿Considera que el crimen organizado ha permeado el Poder Judicial?
Yo creo que van a intentarlo. Evidentemente, el crimen organizado en todas partes del mundo se ha visto que buscan e intentan crear esta forma de poder permear o de alguna manera infiltrarse en el Poder Judicial, porque evidentemente así lo hacen las mafias.
Pero nosotros estamos muy firmes en nuestros procedimientos, siempre alertas y atentos a que esto no pase. Nosotros como funcionarios públicos estamos obligados a denunciar cualquier situación que nos llame la atención o que sea extraña y por ende, una situación así tiene que seguir los cursos legales y penales correspondientes. La institución está muy firme en contra de todo eso y, por cierto, preparado para que no pase. Por eso existen los profesionales del Poder Judicial, precisamente para dar ese contrapeso, para que no haya la tentación de que funcionarios o intervinientes tengan interés de empezar a obtener un beneficio que no corresponda o fuera del margen de la ley. Para eso estamos nosotros.
– Recordando el caso de la jueza de Coyhaique y el de la funcionaria acusada de encubrir al asesino del cabo Florido ¿usted también considera que esas serían responsabilidades individuales?
Son casos aislados, principalmente el de la jueza, porque ese es un caso que afecta a su vida personal. Ella, aprovechando un cargo, trata de obtener un beneficio, pero eso no tiene nada que ver con crimen organizado.
– Considerando estos hechos ¿han habido cambios en el proceso de selección para trabajar en el Poder Judicial?
Sí. Como todos los procesos… son cada vez más transparentes, públicos, con toda la información disponible. Nosotros hemos trabajado harto para que esto sea de la forma más transparente y pública posible para que evitemos efectivamente posibles focos que podrían ingresar por esa vía. Pero es mínimo por esa vía porque la dotación del Poder Judicial ya está hace muchos años y se mueve muy poco. Entonces no son cantidad de cargos que puedan verse afectados.
“El cuidado de la vida”
– Respecto al petitorio que usted mencionaba, ¿han tenido alguna respuesta?
Todavía no nos ha respondido la Corte Suprema.
– ¿Tienen algún plazo?
Nosotros generalmente esperamos unas dos o tres semanas, porque eso tiene que entrar a la agenda del Pleno de la Corte Suprema. Por lo tanto, de la fecha en que entregamos el oficio… yo creo que a fin de mes podría que estuviéramos pidiendo cuentas o tratar de insistir sobre alguna respuesta al respecto.
Me imagino que dependiendo de la respuesta de la Corte Suprema vendría alguna acción de parte de ustedes…
Por supuesto. Nosotros estamos confiados en que se acoja, si no toda, parte de la petición que tiene que ver con la protección de las personas. Si esto ya no tiene que ver sólo con infraestructura, tiene que ver con el cuidado de la vida…. No solo de pandemia, si no en el cuidado precisamente de las acciones que puedan sentir los que viven en aquellas zonas que están siendo objeto de constantes ataques. Por lo tanto, nosotros pensamos que sus bienes personales y sus propias vidas deben estar aseguradas por cargo o por cuenta del empleador.
Ahora, efectivamente, todo esto tiene que ver -además- con una posible negociación que tenga que ver con presupuesto, con las autoridades de DIPRES y organizaciones que pudieran estar afectas, pero que por lo menos se empiece a discutir ese tema para nosotros es muy importante.
– A modo resumen, ¿cuáles son los ejes principales de este petitorio?
La lógica es, primero, asegurar la atención al usuario, al interviniente, a las personas que vienen a los tribunales buscando justicia. Esa es la primera situación. Así como nosotros hemos ayudado a los tribunales en todo nuestro quehacer para que las personas puedan, en pandemia, acceder a la justicia, en temas de seguridad, nosotros pretendemos que se resguarde también la vida de las personas que estamos laborando en tribunales y sus bienes patrimoniales. Pero también, en tercer lugar, el resguardo de la infraestructura y los bienes de los tribunales para poder seguir dando esta justicia de calidad que nosotros queremos hacer. Esa es la lógica de nuestro petitorio.
– ¿Tienen un aproximado de jueces y funcionarios que están, en el fondo, involucrados en este petitorio?
La cantidad de personas no la hemos cuantificado, pero podemos decir que deben ser, entre toda la jurisdicción de Concepción más la de Temuco, deben ser, por lo menos, unos 40 tribunales. Incluyendo las cortes. Eso y toda la gente que está ahí.
