Fotografía: Imagen referencial de contexto | AgenciaUNO

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  • Una investigación realizada por el Ministerio Público de Coyhaique estableció que la jueza de garantía de esa ciudad, Cecilia Urbina, revisaba constantemente el expediente judicial secreto alojado en el sistema informático del Poder Judicial. La información obtenida, según el Ministerio Público, se la entregaba al marido y este último a su hijo biológico, apodado “El Matanga”, quien operaba en una organización dedicada al tráfico de drogas. Gracias a ello supo que su teléfono y el de sus cómplices estaban “pinchados”. Por esta razón se deshizo de él y la PDI perdió una importante fuente de información, en medio de un caso que estaba en plena tramitación. La fiscalía local intervino también el teléfono de la magistrada, donde aparecieron pruebas de que efectivamente revisaba cotidianamente el caso, estando inhabilitada para ello. El organismo persecutor presentó la semana pasada una querella de capítulo para que la Corte de Apelaciones coyhaiquina le quite el fuero judicial y sea formalizada por revelación de secreto de una causa por Ley de Drogas y corrupción judicial. El crimen organizado ya traspasó las puertas de la justicia. Los documentos y diálogos de la jueza Urbina, los de su marido con “El Matanga”, los revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Así es la escena: a principios de enero de 2021 la PDI de Coyhaique realizaba escuchas telefónicas a un grupo de narcotraficantes de la zona, cuando de pronto habló “El Matanga”, dando instrucciones para coordinar una entrega de droga.

    Las alarmas se encendieron inmediatamente, porque El Matanga tenía nombre: Jorge Cáceres Vásquez, hijo biológico de Jorge Cáceres Osses, quien a su vez está casado con la jueza de garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina Pinto.

    Y como las coincidencias no existen cuando se investiga al crimen organizado, los detectives informaron de inmediato a la fiscal María Inés Núñez, quien de seguro quedó tan sorprendida como ellos. La razón era simple: todas las diligencias intrusivas decretadas en la causa por tráfico de drogas donde apareció “El Matanga”, eran autorizadas por la jueza Urbina Pinto al menos desde 2019.

    Lea las pruebas obtenidas por la fiscalía contra la jueza:

    El 26 de enero de 2021, cuando recibió la información a través de un oficio reservado, la perseguidora penal contactó de inmediato al magistrado Mario Devaud. Acto seguido le solicitó la interceptación telefónica de “El Matanga” agregando en el escrito cinco conversaciones donde otros narcos mencionaban a este último como parte de la organización.

    Como medida adicional le sugirió que la causa solo fuera tramitada exclusivamente por él como “reservada” en el sistema informático del Poder Judicial (Pjud), para evitar filtraciones.

    Sin embargo, el expediente digital quedó a disposición de todos los jueces que tenían clave o “privilegios” para acceder a indagatorias reservadas o confidenciales. Una de las privilegiadas era la jueza Cecilia Urbina Pinto, la madrastra de “El Matanga”.

    La sospecha que levantó la fiscal Nuñez tuvo sus réditos, porque a fines de enero de 2021 la magistrada picó el anzuelo e ingresó al sistema computacional y revisó la causa donde se solicitaron las medidas intrusivas a su hijastro. La información obtenida por la funcionaria judicial la transmitió a su marido.

    De hecho, la tarde del 3 de febrero pasado, padre e hijo se reunieron en una estación de servicio donde el primero le contó que su teléfono estaba “pinchado” y debía eliminarlo junto al chip. Y como “El Matanga” fue obediente, la PDI perdió una importante fuente de información para seguir indagando a una red de narcos.

    La alerta corrió de boca en boca de los traficantes que también se deshicieron de los aparatos. La clave usada fue la siguiente: “Todos los Huawei están malos”.

    Frescura

    Como los antecedentes eran de suma gravedad la fiscalía coyhaiquina inició una indagatoria paralela en contra de la jueza y su esposo. Al poco andar ambos tenían los teléfonos “pinchados”.

    A principios de julio la fiscal Núñez poseía la información suficiente de que la jueza Urbina, entregaba datos de la causa por narcotráfico a su esposo y este último a su hijo y a otra imputada.

    Por lo anterior, solicitó al tribunal interceptar los teléfonos de la magistrada y su marido.

    Sin saberlo, el 12 de julio del corriente se comunicó con el abogado Mauricio Martínez de la Defensoría Penal Pública, relatándole la existencia de la causa donde se indagaba a su hijo.

    Esta última de poco servía, porque el 16 de abril y el 15 de junio de 2021 fueron detenidos, respectivamente, Diego Araneda y Alexis Barría, dos cómplices de “El Matanga”. A poco de estar tras las rejas confesaron que gracias a los datos entregados por la magistrada, siempre tuvieron información fresca de cómo operaba la investigación del Ministerio Público en su contra.

    El imputado Diego Araneda señaló: (…) la jueza se lo contaba al papá de Cáceres (El Matanga), que es su pareja y el papá de Cáceres le avisaba y por eso no lo detenían nunca”.

    El 23 de julio del corriente, el padre de “El Matanga” -en una de las escuchas- señaló que entraba al computador de su mujer sin su autorización para obtener datos sobre la causa de su hijo.

    Para establecer la vinculación de la magistrada, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) le informó a la fiscalía cómo operaba el sistema de gestión de causas. En el documento reservado fechado el 16 de agosto pasado, se explica que los casos que requieren secreto por Ley de Drogas, se tramitan sin los nombres de los imputados y se ingresan como “NN” para evitar el uso del nombre como patrón de búsqueda.

    La conclusión a la que arribó el Ministerio Público es que la jueza no podía menos que haber entregado datos del caso a su esposo, máxime cuando este último era casi un “analfabeto digital”. O en otras palabras, el padre de “El Matanga”, no actuó a sus espaldas.

    Sin embargo, cuando el hijastro de la jueza ya estaba detenido, esta última llamó al defensor penal público Mauricio Martínez para indicarle que “la María Inés Núñez (la fiscal) usaba el rol 419-2019 para indagar a la organización narco a la que pertenecía su hijastro.

    En la comunicación, ocurrida el pasado 12 de julio, la magistrada Urbina rejuraba que desde enero del presente, cuando se supo que “El Matanga” estaba involucrado, nunca más intervino en el caso, menos obtener información.

    El mismo día por la tarde, Urbina conversó con el administrador del tribunal Jaime Aguayo, a quien le comentó: “Estaba mirando de repente ahí en la causa reservada (…) vi que la María Inés pidió que se detectara a las personas que se habían metido a la causa”.

    “¿Y eso cómo pueden informarlo si es reservada? Me quedé metida (…) y en realidad yo me metí y me meto siempre de vez en cuando y cuando salió esto de Jorge (“El Matanga”) se convirtió en otra causa, en que tampoco estoy inhabilitada y tampoco está reservada”, siguió.

    En otra escucha la jueza sostuvo un nuevo contacto telefónico, esta vez con una funcionaria judicial de menor rango.

    “¿Te acuerdas que yo siempre me fijaba en la 419-2019, porque en esa causa la María Inés (la fiscal) la utiliza para hacer un montón de investigaciones y después cuando los detiene forma otra (…) ahí salió lo de Tochita (…) donde está metido Jorge (“El Matanga”) (…) y ahora está investigando otra cosa, pero me llamó la atención que el 6 de julio, porque yo siempre la veo para ver en qué va, presentó un escrito (…) en que solicita que se informe (…) qué personas a partir del mes de enero del 2021 han entrado a la causa a verla (…) como que nosotros no tenemos como ver eso, ¿cierto?”.

    Y agregó: “Le pregunté a Mauricio para (saber) qué querrá eso, entonces no sabemos (…) me dijo que siempre (la fiscal) dispara para otros lados, pero al final es recobarde y no hace nada, ¿cachai? ”.

    En el relato reconoció que aunque el expediente digital sea secreto, no lo es para los funcionarios de la judicatura: “(…) aunque yo me hubiese inhabilitado, igual uno puede seguir mirando las causas”.

    Corrupción

    Con el cúmulo de antecedentes obtenidos en la investigación, el pasado 23 de agosto el fiscal regional de Aysén Carlos Palma, interpuso una querella de capítulo ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique en contra de la magistrada Urbina, por los delitos de revelación de secreto en una causa por Ley de Drogas y corrupción judicial.

    La acción legal, básicamente, busca que el tribunal de alzada permita que la mujer pueda ser formalizada por los delitos antes mencionados.

    De hecho, el 11 de agosto pasado el tribunal de garantía de Coyhaique autorizó a la Brigada Antinarcóticos de la PDI la incautación de los celulares y computadores de la jueza y su marido en el domicilio que ambos habitan. Esto con miras a que el Ministerio Público analice los llamados, las conversaciones por WhatsApp y la georeferenciación de los aparatos.

    Urbina ya designó abogado y es solo cosa de tiempo que la corte local adopte una decisión.

    Fuentes de la Corte Suprema indicaron que el hecho es de la mayor gravedad y que dependiendo del resultado del caso, es altamente probable que Urbina salga de las filas del Poder Judicial.

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