Fotografía: Archivo | RBB

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  • Un fusil de guerra, un arsenal de cartuchos, municiones varias, explosivos y otro tipo de armas fueron encontradas al interior e inmediaciones de un domicilio ubicado en la comuna de Traiguén, región de La Araucanía. El dueño de casa, era el oficial de sala del Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén, identificado con las iniciales J.P.P.V. No obstante, quienes lo conocen nunca esperaron que se pudiera ver envuelto en una situación de este tipo. Lo describen como un tipo culto, respetuoso, amable, que le gustaba leer sobre la "pacificación" de La Araucanía. Quién es y lo que se sabe de él, sumado a la preocupación de las autoridades por un posible caso de infiltración del sistema judicial, lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Llevaba una vida normal y -aparentemente- tranquila. Hijo, marido y trabajador. No había nada que lo hiciera sospechoso de algún delito. Al contrario, él es parte de la justicia, cumpliendo un rol silencioso, que muchos no ven, pero que siempre está ahí, en el edificio donde comparecen los imputados, escribiendo. Incluso, según los registros, visitaba con cierta periodicidad la cárcel de Traiguén para revisar la situación de los detenidos.

    La tarde del pasado lunes 5 de abril, la vida de ese supuesto tranquilo y desconocido hombre, quien fungía como oficial de sala del Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén, dio un giro drástico. Afuera de su casa se apostaron efectivos del OS-7 de Carabineros de Temuco, los cuales buscaban ingresar a su domicilio a raíz de una denuncia por presunto cultivo de marihuana al interior del inmueble.

    Negándose al ingreso voluntario de los uniformados, J.P.P.V. les dijo: “Soy funcionario del Poder Judicial, conozco mis derechos”. Y tenía razón. Desde el 17 de diciembre de 2009 que es parte de ese poder del Estado.

    Ante la negativa, los funcionarios policiales informaron al fiscal de turno, quien a su vez solicitó una orden de entrada y registro. Sin embargo, para acceder a la diligencia, tres jueces se inhabilitaron, atendido que el imputado era un subalterno y ello podría afectar su imparcialidad.

    Pasaron más de 120 minutos para que recién la policía pudiera ingresar al domicilio del sospechoso. La orden, finalmente, la dio la jueza Sandra Nahuelcura, del Tribunal de Collipulli.

    La espera no estuvo exenta de particularidades. Mientras llegaba la autorización, según quedó registrado en el parte policial, los efectivos del OS-7 notaron que J.P.P.V. arrojó una serie de objetos hacia domicilios colindantes, por lo que la diligencia también incorporó las viviendas de Daniel Muñoz y Olivia Soto, sus vecinos. De inmediato se activaron, puesto que la orden inicial apuntaba a una denuncia del 24 de febrero que supuestamente al interior de ese domicilio existía un cultivo de marihuana.

    Sin embargo, para sorpresa de los investigadores lo que menos encontraron fueron plantas de cannabis sativa sino que armas de grueso calibre, munición de guerra y explosivos. Entre lo incautado destaca 1 fusil FAL calibre 7.62, 27 cartuchos calibre 7.62 sin percutir, 1 pistola Colt calibre 45 con su serie borrada, 1 rifle calibre 22, 1 bolsa contenedora de explosivo C4, entre otros objetos. Fue detenido en flagrancia, según expuso la fiscalía en la audiencia de formalización.

    J.P.PV. fue formalizado al día siguiente por tenencia ilegal de armas y explosivos. Su defensa, en la audiencia de comunicación de cargos, alegó la ilegalidad del procedimiento cuestionando la flagrancia del delito imputado.

    La historia

    J.P.P.V. nació en Traiguén el 2 de mayo de 1982. Es hijo de Guillermo Pirce Medina, exgobernador de Malleco, ex intendente subrogante de la Araucanía y ex coordinador de la IX Región de la Agencia Nacional de Inteligencia durante la segunda administración de Michelle Bachelet, y Guillermina Valenzuela Romero.

    Ha hecho una vida en la ciudad llamada “Salto de agua” en mapudungun. Contrajo matrimonio el 10 de junio de 2017 a las 17:30 horas. Estudió, también, en la zona. Según su certificado de estudios, J.P.P.V. egresó del Colegio de Educación Adultos Vida y Paz, ubicado en la comuna de Temuco.

    Desde el 17 de diciembre de 2009 que es funcionario del Poder Judicial. Al momento de los hechos, se desempeñaba como oficial de sala del Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén, es decir, tenía un acceso privilegiado a todos los movimientos del Tribunal en cuestión, el mismo por el que pasan autorizaciones de interceptación telefónica hasta las pesquisas para esclarecer quiénes están tras la ola de ataques incendiarios.

    El núcleo familiar de J.P.P.V. está en Traiguén. Información recabada por este medio da cuenta que el abuelo del imputado trabajó en una mueblería del lugar, donde se fundó la base del grupo familiar. Guillermo Pirce Medina, padre del imputado, fue el primer universitario de la familia en obtener un título profesional. Estudió trabajo social en la Universidad de La Frontera.

    J.P.P.V. fue criado en un ambiente donde la política comenzó a estar presente a través de su padre. Cercano al Partido Por la Democracia (PPD), Guillermo Pirce Medina llegó a ser gobernador de la provincia de Malleco, en la segunda administración del gobierno Michelle Bachelet, en reemplazo de la actual diputada Andrea Parra (PPD).

    Cercanos al PPD dicen que la detención de J.P.P.V. no ha sido tema al interior de la colectividad. Esto, según señalan, porque es el hijo y no el padre el que está involucrado en los hechos que investiga la fiscalía. Lo que sí, ven el hecho como un tema relevante a nivel judicial.

    Francisco Vidal, un histórico del partido, cuenta que conoció a Guillermo Pirce Medina en reuniones del partido y en consejos nacionales. Sobre su vinculación con parlamentarios de la zona sostiene que “si es un militante destacado de la región, conoce evidentemente a Jaime Quintana hoy, a Eugenio Tuma antes, a todos los parlamentarios del PPD en la región”.

    Fuentes de La Radio describen a J.P.P.V como una persona correcta, culta, a quien le gusta la lectura. Dentro de los autores de los que solía hablar con terceros destaca el nombre del historiador y antropólogo José Bengoa. Lee, detallan, escritores que abordan como temática la “pacificación” de La Araucanía. “Sabe harto de historia local”, detallan.

    Nunca ostentó lujos. Manejaba una camioneta Chevrolet Luv doble cabina de los años 90 con la que iba y venía desde su casa hasta el juzgado. Vive en una vivienda cedida por sus padres, quienes residen en otro inmueble cercano al de J.P.P.V. Tenía ingresos cercanos a los 650 mil pesos líquidos.

    “Claramente era una persona idealista de izquierda, pero no cercano a las armas”, comentan. “Uno podía tener opiniones divergentes con él, pero siempre fue respetuoso”, agregan. Su relación con los jueces fue siempre buena, de mucho respeto, al igual que con los usuarios que día a día acudían al juzgado, con quienes tenía un trato muy humano. Eso explicaría la larga lista de jueces que se decidieron mantenerse al margen el día en que con urgencia Carabineros pretendía entrar a su casa.

    “Tenía muy buena relación con los intervinientes”, describen.

    J.P.P.V. tiene dos hermanas. Una de ellas es fonoaudióloga experta en lenguaje para sordos. En una ocasión, narran, fue formalizada una persona sorda en el tribunal y J.P.P.V. ofreció al magistrado Eduardo Pérez la ayuda de su hermana, que en ese entonces trabajaba en el liceo agrícola La Providencia -cercano al tribunal-, para que cumpliera el rol de traductora para que el imputado entendiera esa actuación procesal. También tiene un hermano, Iván Boris Pirce Valenzuela, quien fue candidato a alcalde por Traiguén por el mismo PDD.

    Fue bombero. El Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Traiguén, Juan Carlos Pantoja, lo recuerda, en su vida bomberil, como una persona “muy correcta siempre”. Llegó a la institución en 2011 -aproximadamente- como voluntario, e integró la tercera compañía.

    Cuando se conocieron los hechos, “todo Traiguén y sus amistades quedaron perplejas”, dice. Según el mismo Superintendente de Bomberos, renunció en 2018 a la institución “cuando ya precisamente empezó a flaquear su asistencia. Al final, fue una renuncia voluntaria”, señaló Pantoja.

    Un informe psicosocial entregado por su defensa a la Corte de Apelaciones de Temuco, aporta mayores detalles del núcleo familiar de J.P.P.V. Este documento fue elaborado por la asistente social de la Municipalidad de Traiguén, Cristina Tapia.

    Tiene dos hijos y en agosto de 2020 se separó de su pareja. Con sus padres, ambos adultos mayores, el vínculo es cercano. Estos reconocen que J.P.P.V. es una figura de apoyo y compañía “relevante”, por lo que su situación judicial ha provocado un importante “daño emocional”.

    En el mismo informe se detalla que J.P.P.V. padece de depresión, la cual fue diagnosticada por un profesional en marzo de 2020, y que se encuentra con tratamiento médico recetado por un médico. Cercanos explican que esto sería el por qué de la incautación de clonazepam en su domicilio.

    J.P.P.V., también, se expresa a través del arte. No escondía su afinidad con la música folclórica. En videos se puede ver cómo interpreta “Canto sereno”, el que se debe considerar como un tributo a la “guerrilla” y sus “guerrilleros” de la localidad de Neltume.

    CAM

    Si bien ante los ojos de sus cercanos era un hombre tranquilo, humano, con ideas socialistas, el nombre del funcionario estaba desde hace años en los registros de los servicios de inteligencia. Según describieron fuentes ligadas al área, J.P.P.V. tuvo una relación directa con personeros ligados a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

    Las mismas fuentes precisaron que si bien nunca apareció como sospechoso en algún ilícito, sí fue blanco de investigación al establecerse que en su vida universitaria tuvo una amistad con Bernardita Chacano Calfunao, dirigente de la CAM e incluso investigada por Ley Antiterrorista.
    En los informes, que tuvieron que desarchivar luego del 5 de abril, se estableció que la relación del hijo del ex gobernador de Malleco con miembros de la CAM se habría “enfriado” públicamente luego que el 17 de diciembre de 2009 ingresó al Poder Judicial.

    Lo que viene

    Las líneas de investigación de la fiscalía son varias. La principal, y que dirige el fiscal Enrique Vásquez, es por infracción a la ley de armas. No obstante, también se indaga si las armas y explosivos incautados por personal del OS-7 de Carabineros en el inmueble del imputado hacen “match” con elementos levantados en otros actos de violencia rural en la zona. En este punto, serán claves los informes balísticos que preparan las policías, los cuales próximamente serán entregados al fiscal del caso.

    También, se indaga si las armas y explosivos encontrados tienen relación con delitos comunes en la zona. Por ejemplo, robos a cajeros automáticos donde se hayan utilizado artefactos explosivos.

    “Ante este hallazgo que se hace en el domicilio de este imputado en la ciudad de Traiguén, el fiscal deberá indagar si las armas que se le encontraron (…) tiene alguna vinculación o podría tener algún grado de participación con algún otro tipo de delito. Y no hablo solamente de violencia rural, sino también delitos que podrían ser cometidos en la ciudad”, señaló el fiscal regional suplente de La Araucanía, Alberto Chiffelle, a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Otro punto a esclarecer es si debido a su posición como funcionario del Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén, J.P.P.V. hizo o no mal uso de la información del tribunal. Esto, debido a que el juzgado sustancia diversas causas de violencia en la zona donde los investigados son miembros de comunidades mapuches.

    Por ejemplo, J.P.P.V. redactó las actas de control de detención, de revisión de medidas cautelares y de formalización de cuatro integrantes de la comunidad de Temucuicui que fueron detenidos por Carabineros el pasado 8 de junio de 2020. Se les imputaron los delitos de porte ilegal de armas de fuego -entre ellas un fusil de guerra calibre 5.56-, receptación, tenencia ilegal de municiones y manejo en estado de ebriedad (este solo a uno).

    Dentro de los arrestados se encuentra Carlos Pichún Collonao, hermano de Juan Pichún Collonao, hombre cercano a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

    Se suma a la lista el tráfico de drogas, motivo por el que fue denunciado. Si bien no se logró incautar una gran cantidad de marihuana, se trabaja para saber qué hizo J.P.P.V las dos horas que demoró la orden de entrada y registro a su inmueble.

    Dentro de las diligencias que ha solicitado la fiscalía se encuentra la revisión de computadores, tanto los de su trabajo como los personales, así también como sus teléfonos, y la declaración de vecinos del sector.

    Del Poder Judicial, fue su vocera, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien se refirió a la situación, una vez conocidos los hechos, la cual calificó de “grave”. “Como Poder Judicial garantizamos, como siempre lo hemos hecho, la total transparencia y acceso a la información para que el Ministerio Público pueda hacer una completa investigación”, señaló.

    Un punto a determinar es cómo el funcionario judicial llegó a tener las armas en su casa, para quién eran, cuál era la razón. Lo cierto es que el hecho ha causado preocupación en las altas esferas del poder en Santiago, ya que uno de los modelos de trabajo de las guerrillas y narcotraficantes centro y norte americanos es infiltrar los sistemas judiciales, policiales y políticos. Por eso la investigación contra J.P.P.V. resulta del todo relevante para poder establecer algún tipo de modelo y si esto se ha dado a otras zonas del país.

    J.P.P.V. quedó con la medida cautelar de prisión preventiva luego de ser formalizado el pasado 8 de abril, la cual cumplía en el Centro de Detención Penal (CDP) de Traiguén. No obstante, en una audiencia de garantías, a raíz de un oficio de Gendarmería, J.P.P.V. fue trasladado de recinto penal a Valdivia, capital de la región de Los Ríos.

    Esto llevó a que su defensa optara por presentar un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco solicitando revocar la medida, atendiendo que según el reglamento penitenciario, todo imputado debe cumplir la medida cautelar en la zona más cercana a su núcleo familiar. Sin embargo, los argumentos que ha entregado Gendarmería tienen peso, puesto que el funcionario conocía la cárcel por el rol que cumplía en el Tribunal en que trabajaba, y eso constituía un peligro tanto para él, como para los otros reos y funcionarios.

    El recurso fue acogido a tramitación el pasado viernes, y el tribunal de alzada solicitó al Juzgado de Letras y Garantía de Traiguén un informe para saber en qué se basó la decisión del cambio de recinto carcelario.

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