La Municipalidad de Antofagasta está al borde de ser obligada a pagar varios miles de millones de pesos de su presupuesto a beneficio de un privado, como consecuencia de un litigio que se arrastra desde hace más de 10 años. Lo que comenzó con la búsqueda de una empresa para que se hiciera cargo de las áreas verdes de la ciudad, terminó en una verdadera teleserie judicial a la que todavía le quedan capítulos.

La historia va así. A mediados de 2015, durante el primer periodo de Karen Rojo como alcaldesa, la sociedad Servicios Generales Global Limitada se adjudicó —vía licitación pública— el mantenimiento integral de las áreas verdes de Antofagasta. Las bases indicaban que el vínculo con el municipio duraría seis años. No obstante, cuando la casa edilicia envió el borrador del contrato para ser firmado éste decía que su extensión iba a ser sólo de cuatro.

Ahí comenzaron los problemas. Como Global no firmó a tiempo el documento, apuntando a la diferencia en el plazo, el municipio dejó sin efecto la adjudicación. En respuesta, la empresa interpuso un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, permitiendo a la empresa continuar prestando los servicios hasta enero de 2016.

Eso, hasta que la Corte Suprema revocó más tarde el fallo del tribunal de alzada antofagastino, apuntando a que el recurso de protección no era la vía idónea para resolver el conflicto entre ambas partes. De esa forma, la Municipalidad de Antofagasta consiguió poner fin a la prestación de servicios de Global. Sin embargo, de igual forma la compañía emitió las seis facturas por los servicios prestados en agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015, además de los correspondientes a enero de 2016.

El no pago de esas seis facturas, que sumaban poco mas de $2 mil millones en total, es lo que 10 años después tiene a la casa consistorial cerca de tener que pagar varias veces esa misma cantidad por concepto de indemnización e intereses calculados al máximo convencional.

Por la vía civil

Imposibilitada por la justicia de poder continuar prestando los servicios y cheques a la vista, la firma decidió iniciar acciones por la vía civil. Esa primera demanda interpuesta por la empresa buscando los pagos fue substanciada ante el Primer Juzgado de Letras Civil de Antofagasta.

Después de varios meses y un revés para Global en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, finalmente en 2018 la Corte Suprema confirmó el fallo de primera instancia y obligó al municipio a pagar las facturas y los intereses correspondientes.

Así fue como, en total, la casa edilicia terminó desembolsando en esa oportunidad mas de $3.800 millones.

Dos años más tarde, después que casi el 90% de ese dinero se utilizara para subsanar pugnas legales con los trabajadores que la habían demandado, Global decidió iniciar una nueva batalla judicial apuntando al dolo de la casa consistorial al impugnar las facturas en su minuto.

Mala fe

Esta vez, la firma presentó una nueva demanda invocando la Ley 19.983 —que obliga al pago de una indemnización igual al monto insoluto, más el interés máximo convencional calculado hasta que se materialice el pago— a quien impugne una factura de mala fe.

En concreto, la compañía exigió en la demanda tramitada esta vez ante el Segundo Juzgado de Letras Civil de Antofagasta que el municipio pague otros $2 mil millones por concepto de indemnización, más el respectivo interés.

Después de casi tres años de tramitación, a fines de 2023, el tribunal falló en favor de la compañía, pese las intenciones de su contraparte que intentó poner de manifiesto que no actuaron de mala fe, que no hubo dolo y que la materia ya era cosa juzgada.

Dicho fallo de primera instancia favorable a la empresa fue confirmado a mediados de 2025 por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. No obstante, todavía no se ha materializado el pago. Esto, pues la repartición estatal interpuso un recurso de casación buscando que, en última instancia, sea la Corte Suprema la que zanje el asunto.

Una jugada que se explica al considerar que, sumando la cantidad de meses que han pasado desde la notificación de las facturas, el día en que efectivamente se materialice el pago —en caso que el máximo tribunal así lo ordene— la casa edilicia podría llegar a desembolsar otros 10 mil millones de pesos por este caso.

Evitar el pago

Consultada la Municipalidad de Antofagasta, recalcaron que buscarán por todos los medios legales evitar el pago. Además, subrayaron que Global le adeuda al municipio unos $1.500 millones por operaciones que no se realizaron en los términos acordados y ellos debieron subsanar.

El administrador municipal, Rafael Castro, destacó en primer lugar que “las seis facturas por aquellos servicios están pagadas con intereses en el año 2018. El pago que realizó la municipalidad en esa oportunidad fue por la suma de $3.884.191.696. Lo que hoy reclama la empresa Global Service es el pago de una indemnización legal que está establecida en la Ley 19.983 y el pago de esa indemnización aún no está firme y ejecutoriado, ni su monto determinado”.

Sobre qué medidas se han tomado en la actual administración para evitar problemas como este a futuro, la autoridad comunal destacó que “a nivel de administración interna, la Dirección de Administración y Finanzas se encuentra robustecida en su funcionamiento y también tiene actualmente un trabajo conjunto, mancomunado con la Dirección de Control y de Jurídica”.

Asimismo, indicó que “se está trabajando en un plan de licitaciones robusto para efectos de, efectivamente, poder disminuir los riesgos asociados a problemáticas en este sentido (…) tenemos un equipo de profesionales de la mayor calidad precisamente para poder evitar que circunstancias como las que se vivieron (en el pasado) y que provocaron precisamente esta problemática se vuelven a repetir”.

Apuntan contra Global

En esa línea, Castro advirtió que la firma “le adeuda a este municipio 1.500 millones de pesos que tienen que ver con servicios que su oportunidad ellos no prestaron… tiene que ver con el costo del agua, por ejemplo, que la municipalidad asumió directamente cuando no cumplieron con los servicios pactados”.

Asimismo, acusó que “actualmente Global Service es una empresa que no tiene una existencia real” y que “es una empresa que actualmente solamente existe alrededor de esta demanda”.

Por último, afirmó que como municipio confían en que continuarán “en el marco de la legalidad vigente defendiendo los intereses de todas y todos los antofagastinos. Porque finalmente esta demanda —de prosperar— podría implicar una disminución de recursos importantes para poder financiar salud, educación, aseo y embellecimiento de la ciudad”.

“Impugnó dolosamente”

Carlos Claussen Calvo es el abogado que desde hace una década ha venido litigando en este caso en contra del municipio. Primero representando los intereses de Servicios Generales Global Limitada y hoy los Asesorías Contables y Financieras RLL SpA, sociedad que le compró a Global el derecho litigioso en esta causa antes que el tribunal de alzada antofagastino confirmara el fallo del juzgado civil.

Consultado por el caso, el jurista recordó que distintas instancias judiciales establecieron que “la Municipalidad de Antofagasta, dirigida en aquél entonces por la Alcaldesa Karen Rojo, ‘impugnó dolosamente’ las facturas emitidas por los meses de prestación de servicios que Global brindó”.

En esa línea, subrayó que “en el juicio respectivo se acreditó que la alcaldesa de la época instruyó a los funcionarios competentes de la municipalidad que impugnaran las facturas, aun cuando sabía perfectamente que los servicios se habían prestado y que las facturas no eran falsas, ordenándoles que fundaran esa impugnación en no haberse prestado los servicios, lo que —sin eufemismo alguno— era una mentira destinada a perjudicar a la empresa Global”.

Sobre el estado actual de la firma que ganó la licitación en su minuto, detalló que actualmente se encuentra en situación de insolvencia “por la culpa única y exclusiva” de la Municipalidad de Antofagasta.

Lío con extrabajadores

El legista indicó que casi la totalidad de los más de $3 mil millones conseguidos en la primera demanda fueron a parar a los bolsillos de los extrabajadores de Global que los habían demandado.

“A pesar de que fueron pagados de sus créditos íntegramente por la municipalidad, al ser ésta codemandada en los juicios laborales igualmente (los extrabajadores) cobraron cifras exageradamente grandes a consecuencia de la aplicación de la Ley Bustos”.

En esa dirección, afirmó que “esa sanción de la Ley Bustos pudo evitarse cuando la municipalidad pagó a los trabajadores todo lo que en ese momento estaban demandando, pero el municipio —fiel a su espíritu inicial de perjudicar a Global— sólo convino un finiquito parcial con los trabajadores. Así dejaron que éstos siguieran con la demanda en contra de Global, aumentando artificialmente deudas que, en la práctica, habían sido ya pagadas y abusando de esa manera de la sanción legal por no pago de imposiciones. Fue por eso que, dictada la sentencia de primera instancia y antes de que se confirmara por la Corte de Apelaciones respectiva, Global cedió el derecho litigioso, dejando de ser formalmente la demandante en este juicio”.

Sobre el futuro del caso en el máximo tribunal, indicó que “el recurso de casación en el fondo, por definición legal, sólo brinda competencia a la Corte Suprema para conocer de infracciones de ley, pero no pueden alterar los hechos tales y como se han establecido por los jueces que fallaron en primera y segunda instancia”.

“En este juicio se acreditó, sin sombra de duda alguna, que la municipalidad impugnó las facturas emitidas por Global de manera maliciosa (dolosa), con el fin de perjudicar a Global. Por eso es que estamos convencidos que el recurso interpuesto por la el municipio será rechazado. Mientras ocurre eso, la suma a que la municipalidad fue condenada a pagar aumenta vertiginosamente, porque conforme a la ley, la suma de más de 2.000 millones adeudadas desde abril de 2016 (fecha de la notificación de las facturas) irrogará un interés máximo convencional hasta la fecha de su pago”.